BOTELLÓN. Los jóvenes acceden libremente a las bebidas. / N. R.
Ciudadanos

Chamizo se suma a las críticas por el incumplimiento de la Ley Antibotellón

Asociaciones vecinales le pedirán hoy una investigación sobre este tema Seis municipios gaditanos venden alcohol después de las 22.00 horas

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El presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA), Antonio Viruéz, se reunirá hoy con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, a quien le solicitará que abra una investigación acerca de la aplicación de la Ley Antibotellón, poniendo «especial atención» en el horario de venta de alcohol y en la facilidad con la que pueden comprar bebidas alcohólicas los menores de edad.

Viruez estará acompañado por representantes vecinales de San Fernando y de Huelva, dos de los municipios más afectados, y presentará a Chamizo un informe sobre el problema con el que espera conseguir que los ayuntamientos se comprometan con los vecinos a solucionar las irregularidades. En caso contrario, los denunciará a la fiscalía.

En seis municipios gaditanos (Arcos, Chiclana, Sanlúcar, San Fernando, Ubrique y Cádiz) se vende alcohol transcurridas las 22.00 horas, según dicho informe, que analizó la situación en 23 ciudades y pueblos andaluces. En el caso de San Fernando la CAVA destacó, junto con Sevilla y Huelva, «la falta de actuación policial y la desidia y desinterés por parte de los ayuntamientos». Viruez señaló que pese a que la norma «progresa adecuadamente» en muchas localidades y en ciudades como Cádiz, Granada o Málaga, si bien en «muchas otras» se incumplen la mayoría de exigencias, sobre todo en el aspecto de la venta posterior a las 22.00 horas y sobre todo a menores, «para los que no existe ningún tipo de control».

El Defensor del Pueblo, por su parte, indicó que en la reunión debatirán cómo se está aplicando la Ley pero que su oficina «no tiene los elementos en la noche» como para poder investigar el grado de cumplimiento. Sin embargo, aseguró que apoyará a la CAVA para que la Ley se aplique rigurosamente y que la organización «está en todo su derecho en recurrir a la Fiscalía» con este fin.