La Audiencia rechaza otro intento de anular escuchas en una causa contra cinco narcos

El tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, que enjuicia desde ayer a cinco integrantes de una red dedicada al narcotráfico a través de la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, denegó la petición de nulidad de las escuchas telefónicas solicitadas por las defensas de los procesados, para quienes la Fiscalía pide penas de 39 años y medio de prisión en total. En esta ocasión no prosperó un recurso ya habitual en las defensas de los traficantes, que buscan en la nulidad de pruebas vitales como son las conversaciones grabadas, dejar la causa sin material probatorio y, por tanto, abocada a la absolución de los acusados.

Durante el juicio, que se prolongará hasta mañana con las conclusiones finales, la defensa alegó la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones de sus representados para declarar nulas las escuchas telefónicas. Pero los magistrados de la Sala consideraron que sus derechos fundamentales no habían sido violados cuando se autorizó la intervención de los teléfonos que utilizaban los procesados.

La Fiscalía pide en su escrito de acusación 17 años y nueve meses de prisión y una multa de 25 millones de euros para el cabecilla de la organización, al que se le imputa un delito contra la salud pública con el agravante de notoria importancia y un segundo de falsedad en documento oficial.

Lanchas semirrígidas

Este procesado se llama Larbi Benhaka, es de nacionalidad marroquí, aunque tiene fijada su residencia en una urbanización de Marbella. El Ministerio Público lo considera la persona que supervisaba todas las operaciones de introducción de hachís por la franja costera que incluye la Costa del Sol y el litoral gaditano. Para ello, se ayudaba de lanchas semirrígidas, que ocultaba en naves cercanas a los lugares de desembarco. Pero además de cannabis, la trama delictiva utilizaba la misma infraestructura para alijar en las playas fardos de cocaína; una sustancia que tradicionalmente era introducida en el país por las costas gallegas, preferentemente.

Entrada de coca

Esta causa pone de manifiesto cómo está evolucionando el negocio del narcotráfico en esta provincia, que ha dejado de ser puerta de entrada exclusiva para el hachís, para convertirse también en destino de cargamentos de cocaína. Algo que ya venían alertando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la propia Fiscalía. Y es que los narcos buscan en las rutas tradicionales del hachís, la vía de entrada para la coca, que es la sustancia con más demanda entre los consumidores del país.

Además, el fiscal también solicita penas que oscilan entre los doce y los nueve años de prisión para los restantes cuatro procesados, y multas que llegan a los 16 millones de euros.

Las detenciones de los imputados se produjeron en julio de 2004, después de que la UDYCO (Unidad de Droga y Crimen Organizado) central de la Policía iniciara una investigación a principios de ese año tras detectar los movimientos de la organización.

Dos de los acusados fueron detenidos en la playa Las Tres Piedras de Chipiona, donde el Servicio de Vigilancia Aduanera logró abortar la llegada de un cargamento de 115 kilos de cocaína y más de 1.000 de hachís, durante la jornada del 27 de julio de 2004; dicha intervención policial fue posible tras el seguimiento realizado al cabecilla de sus movimientos y conversaciones. El resto de implicados fueron apresados en Marbella y Madrid.

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