ley poco sostenible

a Ley de Desarrollo Rural Sostenible muestra una preocupante falta de consenso. es necesario definirla mediante un Programa de Desarrollo Rural Nacional (PDRN), algo que se antoja muy complejo. Corre el riesgo de quedar reducida a un compendio de medidas voluntariosas. Poner de acuerdo a numerosos ministerios y a las comunidades autónomas tiene ciertas connotaciones quiméricas. Sobre el papel, el objetivo de esta Ley incluye términos tan de moda como necesarios. Son la multifuncionalidad del medio rural, la diversificación, la mejora del bienestar, la igualdad de oportunidades, el medioambiente sostenible y el mantenimiento del sector agrario. Abarca casi todo lo que se puede acometer en zonas rurales. Su coordinación, y por tanto, la del PDRN que emane de la misma, corresponderá a un Consejo, apoyado por la Mesa de Asociaciones. Estará formado por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. Deberá constituirse tres meses después de su publicación, que se prevé se produzca antes de final de año. Su composición final y el sistema de funcionamiento serán clave para valorar con más objetividad la incierta eficacia de esta norma. De ahí el recelo de determinados partidos políticos y gobiernos autonómicos, que temen pueda producirse injerencias en asuntos de competencia regional. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura solo dispone de tres meses desde la constitución del Consejo para aprobar el PDRN. Todo ello con unos compromisos presupuestarios regionales y locales que como poco deben igualar las aportaciones nacionales, estimadas en 500 millones de euros. Será un verdadero encaje de bolillos de difícil seguimiento y control. Desde un punto de vista agrario aporta consideraciones interesantes, como el contrato territorial entre administración y titular de explotación. Además se considera empresario agrario a este efecto a aquel que obtenga la cuarta parte de sus rentas del sector primario, lo que abre un abanico de posibles beneficiarios vinculados al agro. En definitiva, una Ley que se aprueba y se difunde en la antesala electoral, pero cuyo enrevesado meollo no será debatido ni aprobado hasta pasadas las elecciones; si se consigue. www.juanquintana.com