Regularizarse o morir

Las claves para entender cómo, cuándo y cuánto costará el proceso de regularización de viviendas están puestas ya sobre la mesa y no son precisamente halagüeñas para los propietarios que en su día se autoconstruyeron su vivienda fuera del ordenamiento urbanístico en vigor y sin licencia.

Lo primero que hay que entender es que sólo se podrá legalizar (y con excepciones de donde pase una carretera o se ubique un colegio, por ejemplo), las viviendas ubicadas dentro de los 18 millones de m2 de las nueve Áreas de Gestión Básica que dibuja el actual Plan General.

En ellas hay zonas más consolidadas que otras, que naturalmente serán las primeras en ser dotadas de servicios, caso de Rana Verde, con un proyecto que ya tiene incluso financiación autonómica, o El Marquesado y Pago del Humo, que podrían ser las siguientes en iniciar el proceso.

Éste será un camino tortuoso, largo y complejo. Los papeles que se necesitarán, dónde habrá que dirigirse para cumplimentarlos y entregarlos y cómo y cuánto deberá pagarse por cada m2 de su propiedad se dilucidará en un documento llamado Manual de Procedimiento, que en estos momentos se ultima por parte de la empresa que gestionará en concesión administrativa la nueva Oficina de Regularización, Territorio y Ciudad del arquitecto Fustegueras.

Precisamente este local, ubicado en Huerta del Rosario, canalizará a los propietarios y/o comunidades que deseen poner en marcha la legalización. Todos podrán acogerse a los convenios que se intentan cerrar desde el Consistorio con las diferentes entidades bancarias (de momento Unicaja ya presentó oferta en firme), para financiar el pago del coste de legalización (que oscilará entre los 40 y los 180 euros por m2) mediante créditos blandos.

Algo similar ocurrirá en el caso de los trámites técnicos, puesto que los colegios oficiales de arquitectos y aparejadores de Cádiz también trabajarán con una minuta considerablemente menor para facilitar a los chiclaneros los trámites. Estos requisitos posibilitarán que comience un proceso que terminará, inevitablemente, con el pago por parte de los propietarios de una cuantía superior a la que hubieran pagado de haber construido legalmente.

Todo el proceso, requisitos y pasos a dar por los particulares serán explicados por Urbanismo en campañas informativas entre los propietarios. De momento, y con la confusión y el desconcierto propios de más de un lustro escuchando intenciones gubernamentales de poner orden en este desaguisado, los vecinos del diseminado siguen esperando.

La fecha que se baraja para que este proceso eche a andar es el primer trimestre de 2008; la apertura de la oficina será su primera parada.

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