Un ex represor argentino a punto de ser condenado muere envenenado en prisión

El lunes, mientras toda la atención estaba concentrada en la toma de posesión de Cristina Fernández de la presidencia de Argentina, un ex represor de la dictadura militar (1976-83), a punto de ser sentenciado, apareció muerto en su lugar de detención. Ayer se confirmó que el cuerpo del acusado tenía una cantidad exagerada de cianuro en sangre y vísceras, y que el tóxico fue ingerido por vía oral.

La justicia federal ordenó de inmediato la detención de dos de los custodios del muerto, el ex prefecto Héctor Febres, de 66 años, que a pesar de las protestas de los abogados de sus víctimas permanecía arrestado en un cómodo apartamento con baño privado, balcón, televisión y DVD en la Prefectura Naval. También se ordenó arrestar a su esposa, los dos hijos y el yerno bajo el cargo de «instigación al suicidio».

La muerte de Febres, un cruel represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), puso en evidencia una vez más la falta de garantías para avanzar en los procesos judiciales reabiertos en 2006 en Argentina tras la decidida anulación de las leyes de amnistía y los indultos. En los cuatro juicios realizados en el último año ha habido dos víctimas: un testigo y un acusado.

El primero fue Jorge Julio López, de 77 años, testigo en uno de los procesos, que desapareció sin dejar rastro hace quince meses. Las pesquisas sospechan que fue secuestrado por represores que conservan influencia. El hombre había declarado contra un ex jefe policial y su rastro se perdió un día antes de la lectura de la sentencia. La segunda víctima ha sido Febres, un acusado despechado que amenazaba con hablar.

Febres era hasta ahora el único de los más de trescientos represores de la Esma cuyo caso llegó a juicio oral este año. Sus defensores reclamaron a la Corte Suprema de Justicia que suspendiera el proceso y se le juzgara junto con los demás responsables de ese campo de concentración por donde pasaron unos 5.000 prisioneros ilegales. Pero el tribunal avaló el proceso que comenzó el pasado octubre.

Unificar los procesos

Tampoco los supervivientes querían un juicio aislado. Desde que se reabrieron las causas, los abogados querellantes exigen sin éxito a la justicia que los procesos se unifiquen por centro de detención para evitar que cada represor sea juzgado por unos pocos casos, obligando a los testigos a declarar una y otra vez contra un mismo acusado y contra otros responsables de la represión.

Febres había sido procesado por sólo cuatro casos de secuestro y torturas. Pero durante el juicio, medio centenar de sobrevivientes coincidió en que el acusado se ensañó con centenares de detenidos. La fiscalía había pedido 25 años de prisión. La sentencia se iba a conocer ayer, pero a Febres no le dio tiempo a conocerla.