Salida de la crisis
La UE dio ayer por zanjada su crisis institucional con la ratificación del Tratado de Lisboa, que reforma los preexistentes y cuya potencialidad más inmediata es haber rescatado a la Unión del grave estancamiento en que se encontraba desde 2005, tras los noes de Francia y Holanda al proyecto constitucional. El Tratado firmado en la capital portuguesa, cuyo contenido es similar al de la fallida Constitución pero menos ambicioso en su espíritu, demuestra que es posible alcanzar acuerdos entre 27 gobiernos con prioridades europeas dispares. La aportación más valiosa del nuevo texto es, sin duda, el impulso al espacio de libertad, seguridad y justicia propugnado y defendido por todos los gobiernos españoles desde mediados de los años 90, lo que supone un imprescindible impulso a la cooperación judicial y policial y a la gestión consensuada de la inmigración, el asilo y la política de visados. Junto a ello, el refuerzo a la figura del Alto Representante de la UE debería contribuir a transformar a la Unión en un actor de influencia global, aun cuando el requisito de la unanimidad condicione las decisiones que puedan adoptarse en torno a una política exterior compartida.
Actualizado:Sin embargo, ni los hallazgos del Tratado ni su valor instrumental para superar la crisis pueden llevar a obviar el censurable método seguido para negociar y pactar su contenido, su lenguaje deliberadamente oscuro y su enorme complejidad sembrada de condicionantes y excepciones. La injustificable ausencia en la ceremonia de ayer de Gordon Brown, líder del Gobierno más empeñado en proyectar sus reivindicaciones en el documento definitivo, resulta indicativa de la fragilidad del compromiso de Gran Bretaña con una Unión que ha acabado renunciando al espíritu que alentó la propuesta constitucional. Esto es, a simplificar las reglas, hacerlas comprensibles y reducir la distancia entre las instituciones comunitarias y sus ciudadanos, a fin de paliar el creciente déficit de legitimidad social del proyecto europeo. El nuevo Tratado consuma así un preocupante retorno a una concepción elitista y escasamente democrática del proceso de integración. Justo lo contrario de lo que necesita una Unión que atesora cada vez más poder y que está obligada, precisamente por ello, a responder con mayor compromiso y diligencia a las demandas de la ciudadanía vinculadas a cuestiones esenciales en su vida cotidiana como el empleo, la seguridad, el medio ambiente o la inmigración.