La Corte europea analizará si el proceso que ilegalizó Batasuna fue correcto

El Tribunal de Estrasburgo hizo ayer pública su decisión de admitir a trámite parte del recurso que la defensa de Batasuna presentó contra la sentencia que la ilegalizó en 2003. La Corte de la Unión Europea, que no llegó a entrar en el fondo de la cuestión, entiende que debe revisar el caso y analizar si el Supremo español pudo vulnerar derechos como el de la libertad de expresión o el de asociación al proscribir a este partido, a su antecesor Herri Batasuna y a su sucesor Herritarren Zerrenda -ambas formaciones también personadas en esta misma causa-.

Los magistrados de la UE consideran admisibles los argumentos presentados por los letrados de la coalición 'abertzale' y que podrían haberse incumplido los artículos 10 y 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos. «El Tribunal estima, a la luz del conjunto de los argumentos de las partes, que estas quejas plantean cuestiones serias de hecho y de derecho que no pueden resolverse en este estadio, pero que necesitan un examen a fondo», subraya el auto.

Los jueces rechazaron, no obstante, la pretensión de Batasuna de anular su ilegalización al sostener que la Justicia española no le había concedido todas las garantías para defenderse y ejercer el derecho de recurso. La Corte cree que sí se dieron las condiciones jurídicas que establece la ley en este sentido.

La admisión a trámite supondrá que el Tribunal dicte en los próximos meses una sentencia al respecto, aunque las fuentes consultadas no fueron capaces de concretar el plazo para que se emita el fallo judicial o si los magistrados pedirán más información a las partes o fijarán una fecha para celebrar una vista oral.

«Dentro de lo normal»

Los abogados de Batasuna aducían en su recurso de amparo que la Ley de Partidos se promulgó «expresamente» para proceder a su ilegalización y que los términos en los que había sido redactada eran «muy vagos, indeterminados y confusos» con el objetivo de, en su opinión, obtener «una disolución rápida» de la coalición. Por su parte, los representantes legales del Gobierno central mostraron su convicción de que tanto este partido como HB «constituían una amenaza para los derechos del hombre, la democracia y el pluralismo» y respondían a la estrategia de ETA de redoblar sus ejes de actividad constante».

La decisión de Estrasburgo fue acogida con llamamientos a la calma por parte del Ministerio de Justicia, cuyos portavoces consideraron que la postura del tribunal «entra dentro de lo normal». Además, advirtieron que el paso dado ayer «no presupone» que los recursos vayan a ser estimados al final del proceso. «La mayoría de las demandas referidas a estos derechos son admitidas por Estrasburgo», resumieron. Unos argumentos similares esgrimieron las principales asociaciones de jueces.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento europeo, Gerardo Galeote, criticó la falta de «firmeza» exhibida por la Abogacía del Estado.