TRIBUNA

Permitir y prometer

Advierto con tristeza que, nuevamente, las muestras de apoyo del gobierno hacia las familias, y de modo concreto, hacia las familias numerosas, no pasan de ser medidas electorales basadas en el deseo de atraerse el mayor número de asociaciones, pero no en el reconocimiento del papel insustituible que tienen las familias sanas y estables, papel que supera cualquier consideración individual e, incluso, cualquier situación personal que uno tenga: como se repite una y otra vez desde las mismas instancias públicas (sanidad, educación, lucha contra la droga, asistencia social), la desestructuración familiar es la primera causa de nuestros problemas. A la vez, se constata el declive demográfico de nuestras sociedades avanzadas. Por ello, favorecer la estabilidad familiar y numerosa no es una opción más: es un deber del gobernante, algo que -con independencia de la ideología- se debería promover como se promueve el pleno empleo.

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

Esto no sucede por dos nuevas actuaciones del gobierno. La primera tiene que ver con los 3500 euros que se asignarán a los nuevos hijos nacidos en familias numerosas (1000 euros más que al resto de las familias). Tras su publicación en el BOE, se ha descubierto que esas ayudas están condicionadas a la renta familiar, y para llegar a obtener esa ayuda habría que recibir anualmente 15.900 euros para una familia con tres hijos. Por favor, les pregunto a ustedes, que -como yo- hacen tantos equilibrios para llegar con dignidad al final del calendario mensual: ¿qué familia de cinco miembros puede vivir con dos millones y medio anuales de las antiguas pesetas? Esto no pasa de ser un brindis al sol.

La segunda actuación nos muestra la incapacidad de nuestros gobernantes para entender ese papel singular de la familia. Para ellos, la familia numerosa no pasa de ser una alternativa, una opción particular fruto de la libertad como pueden serlo la pareja de hecho, la convivencia homosexual o la elección monoparental. Por eso, han aceptado una propuesta de Izquierda Unida para que reciban los mismos derechos los separados, viudos o solteros que tengan dos hijos.

Como he repetido en estas comparecencias mensuales, la democracia exige el reconocimiento de esas uniones como parte de lo que implica la libertad. Pero permitir no puede implicar promover. Es indudable que hay muchos casos en que esas uniones no son culpables del desarraigo social que provocan pero no podemos trasmitir un mensaje equivocado a la sociedad: un matrimonio que, pese a las dificultades que implica la convivencia, mantiene su unión y continúa siendo un vínculo estable de la sociedad, no merece ser premiado; y -en cambio- personas que han elegido en ejercicio de su libertad dejar de cumplir esa labor sí merecen esa ayuda suplementaria. Eso no es bueno.

¿Quiere esto decir que no hay que ayudar a esas personas? No, todo lo contrario, pero no pueden entrar en el mismo ámbito. Una cosa es destinar ayudas a situaciones que deben ser subsanadas (porque no tienen plena funcionalidad social) y otra distinta promover y difundir las actitudes que fundan y ordenan la sociedad para bien de todos. Sin esa distinción manifiesta, se desvirtúa el sentido y la necesidad de que haya familias estables y numerosas. Los que llevamos mucho tiempo en este maravilloso mundo de la enseñanza sabemos a que nos ha conducido becar sólo por criterios económicos (algo que debe ser subsanado) y no por criterios académicos (algo que debe ser difundido): que los resultados rara vez aparecen. Lo mismo pasa en la sociedad.

No, por desgracia para todos, el Legislador sólo mira hoy a la familia de un modo sospechoso. La Junta acaba de sacar un protocolo -indudablemente necesario- para los supuestos (crecientes) de acoso escolar, agresiones y maltrato infantil. Los dos primeros casos hacen referencia a la escuela y se matizan convenientemente. El tercero se centra en el maltrato que los niños puedan recibir -en primer lugar y principalmente- de sus padres. Es indudable que éste puede existir pero obligar al profesorado a ver a los padres desde ese prisma es destruir el vínculo fundamental para educar a los hijos. ¿No es esa perspectiva, planteada de forma radical e unilaterial, un verdadero caso de maltrato infantil? Una vez más, el Legislador ve a la familia como un enemigo y así, no cabe esperanza. JOSÉ IBARROLA