Opinion

Reponsabilidad común

La cumbre contra el cambio climático auspiciada por la ONU en Bali afronta unos últimos días decisivos para esclarecer si la comunidad internacional será capaz de rubricar un nuevo acuerdo que tome el relevo del Protocolo de Kioto en 2012. Aquel pacto, fruto de un trabajoso consenso del que hoy se cumplen precisamente diez años, no se ha aplicado en su literalidad, pero ha servido para que los países firmantes comiencen a combatir el recalentamiento del planeta y para ir introduciendo sus efectos en la agenda política mundial. La envergadura de un problema colectivo que, según ha subrayado el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, debe encararse como una amenaza para el desarrollo y no sólo para el medio ambiente, hace comprensibles las dificultades para renovar el acuerdo. Pero una década después de Kioto, resulta significativo que el principal obstáculo continúe siendo la reticencia de Estados Unidos a suscribir ninguna gran alianza que establezca reducciones obligatorias de los gases de efecto invernadero. Unos recelos agravados ahora por su capacidad para arrastrar consigo a las potencias emergentes.

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Los resultados de la cumbre de Bali serán, cuando menos, muy decepcionantes si no se logra atraer a un consenso vinculante ni a EE UU ni a China, responsables del 40% de las emisiones contaminantes. Las resistencias de la Administración Bush a implicarse decididamente en la lucha contra el cambio climático y la negativa de los países en pleno desarrollo económico a supeditar éste a una contención en sus usos energéticos puede acabar redundando en una confluencia de intereses perjudicial para el objetivo global que se persigue. En especial si termina cuajando una especie de liga paralela de los estados que más están contribuyendo al deterioro del planeta, lo que impediría afrontarlo a través de una gestión ampliamente compartida, cuestionaría el liderazgo que pretende asumir la ONU e incentivaría las desigualdades. La Unión Europea debe hacer valer en Bali su doble compromiso de reducir en un 20% las emisiones nocivas para 2020 y avanzar, en paralelo, en la utilización de energías renovables. Una exigencia que compete singularmente a España, ante su incumplimiento de los objetivos de Kioto. Al tiempo que sitúa con nitidez cuál debe ser la prioridad para frenar el cambio climático y para que resulten verdaderamente efectivas otras medidas, como las destinadas a favorecer el ahorro energético.