Mojamas

¿Qué es lo que pasa con nuestro bolsillo? Las navidades se presentan austeras por necesidad. Tiempos mejores son parte de nuestros recuerdos, porque los precios son más altos y las rentas más bajas. La economía española experimenta importantes subidas de precios, inusual en lo que llevamos de siglo, lo que supone un grave problema y una difícil solución, máxime si tenemos en cuenta que la política monetaria española como tal no existe, ya que es parte de la soberanía cedida a Europa desde nuestro ingreso en la Unión.

Europa padece un rebrote de la inflación, entendida esta como la pérdida del poder adquisitivo de su moneda, por lo que la tasa de inflación no puede ser referida ni a España ni Alemania, sino a la zona euro.

¿Cuál es entonces el problema que se presenta en España en general y en Cádiz en particular con las subidas de precios? El problema que subyace es doble. Por una parte hay un problema de inflación, problema achacable a la autoridad monetaria, que en este caso es el Banco Central Europeo. En segundo lugar, se observa un diferencial entre la subida de precios exclusivamente inflacionaria y el encarecimiento de la vida en general en España, lo que es achacable exclusivamente a nosotros como problema domestico. El efecto inmediato es el empobrecimiento del consumidor español, la restricción en sus posibilidades de compra. Y es aquí, donde el tanto de culpa es imputable a las autoridades españolas.

La solución al problema pasa por adoptar políticas que incidan directamente en la mejora de la eficiencia y eficacia de nuestro sistema productivo, haciendo verdaderamente competitiva nuestra economía. Para ello hay que empezar por exigir a nuestras autoridades transparencia en la información económica que se suministra, porque la información es parte trascendente en el posicionamiento de los operadores económicos de toda índole en su toma de decisiones. Luego, apartarse de la toma de decisiones o del mantenimiento de situaciones impregnadas en cualquier tipo de populismo. A continuación, hacerles caso a los organismos internacionales que de forma persistente vienen exigiendo al Gobierno cambios drásticos que flexibilicen nuestra economía. No puede faltar la recomendación a las autoridades para exigir una verdadera competencia empresarial, que tienda a la perfección del mercado.

Nunca nuestras autoridades deben caer en el error de mediatizar e inmiscuirse en el devenir de las empresas. De tal forma hay que aceptar la premisa económica generalmente aceptada en una economía occidental como la nuestra, consistente en el intento de maximización del beneficio por el empresario. Significa esto, que el empresario impondrá el precio de sus productos en tanto sean absorbidos por el mercado. Es decir, el empresario subirá los precios de sus productos siempre que el mercado lo posibilite, de tal forma a sensu contrario, únicamente procederá a bajar el precio unitario de su producto, si espera conseguir un aumento del volumen de ventas, produciéndose un nuevo equilibrio, donde la bajada del precio unitario es compensado con mayores ventas. Lo que significa la interacción permanente en la política de fijación de precios por un empresario, de la conducta de los demás empresarios y del público al que van dirigidos los productos o los servicios. Es aquí donde fallan estrepitosamente las administraciones y hay un largo camino que recorrer en nuestro país.

Incentivar la competencia es un reto, tan importante como flexibilizar nuestra economía en toda su dimensión. Sólo así, los españoles y los gaditanos que no mojamas estaremos ante los avatares inflacionarios como el resto de ciudadanos europeos, pero cubiertos ante diferenciales de subidas de precios que se producen por un mal funcionamiento de nuestras instituciones económicas y por la persistencias de problemas estructurales y endógenos achacables a nuestra economía.