La Ley de Memoria Histórica ve la luz con la oposición de PP y ERC en la Cámara Alta

La Ley de Memoria Histórica, que pretende dignificar a quienes lucharon contra el franquismo y compensar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, superó ayer su último obstáculo parlamentario y recibió la ratificación final del Senado. El polémico proyecto, que entrará en vigor de inmediato tras ser publicado en el Boletín Oficial del Estado, nace gracias al respaldo de PSOE, CiU, PNV, Coalición Canaria, PSC, ICV y el Grupo Mixto. Sólo rechazaron la ley el PP, que la considera «hipócrita» e «innecesaria», y ERC, que cree que es «un fraude» porque no satisface a las víctimas.

PP y Esquerra volvieron a escenificar en la Cámara Alta su rechazo a la Ley de Memoria Histórica con la presentación de dos vetos que fueron rechazados por los demás grupos. A pesar de coincidir en su descontento, los motivos que llevaron a populares y republicanos a pedir la devolución del proyecto al Congreso son distintos en el fondo y las formas. El PP nunca aceptó esta ley, y ERC quería otra de más calado, con una condena radical del franquismo y que anulase las sentencias de la represión. Por eso, y por estar situados en las ideológicas, no se apoyaron mutuamente en sus vetos.

Sin cambios

El proyecto recibió el respaldo del Senado sin que sus miembros modificaran una coma del texto acordado por los grupos en el Congreso. En la tribuna, saludaron su aprobación una veintena de descendientes de exiliados y huidos de la Guerra Civil, que gracias a esta ley podrán acceder setenta años después a la nacionalidad española.

En la redacción del texto destaca la condena tibia del anterior régimen incluida en la exposición de motivos, que señala que el proyecto «asume la condena del franquismo» aprobada en el Congreso el 20 de noviembre de 2002 y la de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del 17 de marzo de 2006. Un pronunciamiento poco claro no sólo para ERC, también para algunos de los grupos que apoyaron la ley, como IU.

La norma establece «la ilegitimidad de los tribunales jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos» que en la Guerra Civil impusieron condenas «por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa». Son, por tanto, «ilegítimas» las sentencias de los consejos de guerra, tribunales de responsabilidades políticas y órganos represivos especiales tales como el antiguo Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo y el Tribunal de Orden Público (TOP).

Anulación

ERC consideraba «fundamental» convertir esa «ilegitimidad» en una «anulación» total. PSOE e IU, que pactaron en el Congreso la fórmula que al final entrará en vigor, defienden que el texto ya abre la vía para que las familias de las víctimas reclamen caso por caso al Tribunal Supremo la anulación de las sentencias. Su invalidación general por ley podría ser, según los impulsores del proyecto, una invasión desde el Legislativo de las competencias del Poder Judicial. El portavoz de ERC, Miquel Bofill, señaló no obstante que «no es de recibo» situar a las familias en la tesitura de tener que emprender costosos procesos legales sin ninguna garantía de que la Sala Militar del Supremo -poco proclive a anular resoluciones- dé al final satisfacción a sus peticiones. La norma también amplía las ayudas para los descendientes de los fusilados y para quienes sufrieron «heridas, enfermedad o lesión accidental como consecuencia de la guerra».

La portavoz del PSOE, Lentxu Rubial, justificó la aprobación de esta norma por considerar que es «necesaria» y «no engaña a nadie».