El consejero pedirá hoy a Fischer una reforma del algodón «más flexible»

El consejero de Agricultura y Pesca, Isaías Pérez Saldaña, se reúne hoy con la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer, para buscar una postura «más flexible» por parte de la Comisión para la OCM del algodón.

Saldaña pedirá que la reforma facilite «un tratamiento más justo y equilibrado» a los intereses del sector algodonero andaluz, al tiempo que «pueda atender la aspiración del todo legítima» de mantener la actividad productiva en las zonas donde el algodón es un cultivo tradicional en Andalucía, según informó la Consejería.

Así, el consejero trasladará a Fischer una nueva propuesta, ya que, según indicó, la que hizo la Comisión Europea el pasado 9 de noviembre «es absolutamente inaceptable» para Andalucía porque «no asegura el futuro del sector, como queda demostrado en los dos años de funcionamiento del régimen actual».

Además, afirma que la OCM no tiene en cuenta las consideraciones de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, no cambia los porcentajes de desacople y acople de las ayudas, «que son los que han provocado la pérdida de rentabilidad del cultivo» y no da respuesta a la situación del sector desmotador.

De esta manera, la propuesta de la Consejería pasa por el aseguramiento de la ficha financiera teóricamente destinada al sector en Andalucía, el apoyo al sector desmotador mediante un sistema de ayuda que premie la cosecha del algodón en condiciones de calidad y fondos de apoyo a la reestructuración de la industria desmotadora.

Asimismo, dicha propuesta recoge el establecimiento de cualquier otra medida que haga posible la continuidad de «un sector básico para asegurar la estabilidad del tejido socioeconómico de las regiones tradicionalmente productoras de algodón en Andalucía», según señaló Saldaña.

El resultado de esta gestión es muy importante para el sector en Andalucía, ya que los datos de las dos campañas en las que se ha aplicado la reforma confirman los nefastos augurios acerca de sus consecuencias: una reducción del 70% de la producción, de un 30% de la superficie cultivada, del 25% de los productores, del 63 % de los jornales en campo y del 42% del empleo industrial.