Los grandes municipios de la provincia tendrán que delimitar sus zonas de ruido

Los grandes municipios de la provincia como Cádiz, Jerez y Algeciras han comenzado a pedir asesoramiento sobre las consecuencias de las nuevas normas estatales recientemente aprobadas por el Gobierno en materia de ruido. Además de endurecer los límites de contaminación acústica que serán tolerables en las calles y en el interior de las viviendas, los dos decretos aprobados el pasado 19 de octubre han introducido importantes novedades. Entre ellas, que los planes generales de ordenación urbana no podrán ser aprobados en aquellos municipios que no cuenten con un mapa de zonificación de ruidos. Asimismo, las viviendas que no cumplan los parámetros de aislamiento acústico podrían verse privadas de las cédulas de habitabilidad, explicó Ricardo Hernández, uno de los responsables del Laboratorio de Ingeniería Acústica de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz.

Las nuevas normas son los reales decretos 1.369/2007 y 1.371/2007, ambos del 19 de octubre, que regulan respectivamente el desarrollo de la Ley 37/2003 del Ruido y el documento básico de protección contra el ruido que modifica el Código Técnico de Edificación. Éste último contará aún con doce meses de plazo para su desarrollo, pero el primero es de aplicación inmediata, recordó Hernández. Se trata de una normativa muy avanzada que desarrolla una directiva medioambiental europea y cuyo principal objetivo es «la definición de zonificaciones acústicas que permitan a su vez crear objetivos de calidad acústica y planes de acción», resume este experto.

Sin comparación

Hernández desmonta uno de los grandes mitos en torno a las ciudades más o menos ruidosas. «No se puede hablar de comparación entre ciudades, porque las variables son enormes. Lo que es ruido en Alcalá, en la Sierra, en pleno entorno rural, puede no serlo en la avenida principal de Cádiz. Habría que hablar más bien en términos temporales dentro de una misma ciudad. Cádiz es más o menos ruidosa en ciertos sectores que hace unos años», detalló.

Pese a lo que pueda pensarse, la situación en la provincia de Cádiz no es tan mala. «Ayuntamientos como los de Cádiz y Jerez llevan haciendo un gran trabajo durante mucho tiempo, aún con pocos medios», asegura Hernández. Una vez que los municipios delimiten las zonas acústicas, se podrán realizar planes de acción para «mantener o mejorar» las condiciones sonoras de los espacios urbanos, que deberán ir en coincidencia con lo que señalen los planes de ordenación urbana. De esta forma se pueden implementar medidas como limitar el tráfico, regular el horario de la recogida de basuras o no abrir nuevos locales.

La Consejería de Obras Públicas tendrá capacidad para echar atrás los planes que no presenten mapas de ruido, uns potestad que además viene reforzada por la Ley 7/2007 de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA). Esta norma aprobada el pasado verano, que incorpora todos los supuestos de la Ley estatal del Ruido en su sección cuarta sobre Contaminación Acústica, señala en el artículo 71.6 que «la planificación territorial y el planeamiento urbanístico deberán tener en cuenta las previsiones de esta sección». La GICA reproduce la obligación de crear las zonificaciones y mapas de ruido, además de los planes de acción. En la actualidad una comisión estudia el desarrollo reglamentario para Andalucía de este apartado, aunque la norma estatal ya está vigente.

«El problema es que estos procesos son sumamente complejos. Los estudios de acústica deben realizarse a cuatro metros de altura, con modelos en tres dimensiones y adaptando los criterios del censo. Todo eso cuesta dinero», reconoció Hernández.

En el caso de las viviendas, el Código Técnico de Edificación contempla unos parámetros de aislamiento acústico, que aunque no serán obligatorios hasta octubre del próximo año según el nuevo decreto, pueden impedir la concesión de la cédula de habitabilidad.

Pionero

Entre los proyectos pioneros en la provincia, que está llevando a cabo el Laboratorio de Ingeniería Acústica, está la implantación de un Centro de Control Acústico para la Mancomunidad de la Bahía, que permitiría compartir recursos y gastos entre los municipios, aprovechando que se trata de fenómenos -como el tráfico- que tienen continuidad entre los pueblos y «no se pueden analizar de forma separada». «La Mancomunidad está muy interesada y estamos pendientes del proyecto definitivo, por si pudiera llevar financiación europea», adelantó Hernández.

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