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Vídeos secretos

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a destrucción por parte de la CIA de las grabaciones sobre los interrogatorios realizados en 2002 a presuntos terroristas de Al-Qaeda confronta la protección de un supuesto secreto de Estado con el derecho a la información. El argumento oficial de que las cintas se han eliminado para preservar la identidad de los agentes implicados queda abiertamente en cuestión ante la evidencia de que sólo se ha hecho desaparecer su contenido cuando la Prensa se disponía a publicarlo. Pero aún más contradictoria resulta la tesis de que la Agencia de Inteligencia grabó las sesiones precisamente porque en las mismas no se rebasaron los límites de los derechos humanos. Ha acabado siendo la propia destrucción de los vídeos la que abona las sospechas sobre extralimitaciones en los interrogatorios.