ESTER MUÑOZ COORDINADORA GENERAL DE APDHA Un cambio político por los Derechos Humanos de los más excluidos

Tenemos que seguir denunciando que de los veinte municipios con más de 50.000 habitantes más pobres de toda España, nada menos que catorce son andaluces. Dentro de nuestra comunidad, por provincias, tal y como revelamos en el Informe El deber de conseguir una Andalucía sin exclusión, se encuentran grandes diferencias: en primer lugar está Cádiz que se lleva el ranking con el 9.4% de población excluida, le sigue Sevilla con el 6%. Alrededor del 5% se sitúan Huelva y Málaga. Córdoba y Almería rondan el 4%. Por último, Granada y Jaén sólo presentan el 3.8% de exclusión cada una.

Por las calles andaluzas deambulan más de 3.000 personas sin hogar. Y de las 14.000 personas presas que existen en las cárceles andaluzas, 1.120 padecen enfermedades mentales graves y 5.600 trastornos. Algunos de ellos, además de todo, son drogopendientes. Se trata de unos datos que esconden un gran fracaso social y ante los que es imposible permanecer indiferentes.

Hasta el momento, las políticas sociales destinadas a terminar con la exclusión social no han constituido una prioridad de los gobiernos. La marginación y la pobreza, la deficiencia de los servicios sociales o la escasez de recursos dedicados a la protección de los mas débiles son cuestiones que urgen de medidas reales y efectivas dirigidas a su erradicación definitiva.

A su vez, la perpetuidad de la pobreza, la excesiva penalización de cualquier conflicto social, el racismo, la discriminación hacia las minorías étnicas y hacia los inmigrantes o el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios públicos siguen siendo algunas de las violaciones de los derechos humanos que más se repiten actualmente en España.

Por ello, y dado que los derechos humanos vienen ocupando un lugar insignificante en los programas electorales de los principales partidos políticos, -hasta el punto que en algunos ni siquiera se mencionan- desde la APDHA queremos exigir fundamentalmente, de cara a las próximas elecciones estatales y andaluzas de marzo de 2008, que se incorpore en las agendas políticas el reto de acabar con todas estas situaciones de exclusión social como elemento de primera magnitud. Porque... ¿qué partido político se compromete a ello? ¿quién está dispuesto a incluir en su programa electoral reducir los bochornosos porcentajes de exclusión social de nuestra comunidad? ¿contando con quien? ¿cómo? ¿con qué acciones? ¿a quien irían dirigidas específicamente?¿Con qué porcentaje presupuestario? ¿qué cambio social se pretende conseguir?

En el contexto de primer mundo en el que vivimos no podemos conformarnos con el argumento de que no hay recursos. ¿Cómo puede concebirse que nos encontramos ante situaciones económicas de superávit presupuestario y a su vez tantas personas sumidas en la lacra de la pobreza? ¿Qué padre de familia permitiría que su hijo se quedase sin comer teniendo el frigorífico lleno? Se trata por tanto y sin lugar a dudas de un problema de prioridades y de enfoque de políticas. Los derechos humanos de las personas mas excluidas no son hoy todavía la principal prioridad. Por eso, se echan de menos las políticas que habría que poner en marcha, se echan de menos recursos sociales dirigidos específicamente para este sector de la población, políticas contra el paro que vayan mas allá de incalculables gastos de formación muchas veces inadecuados. Miramos lo que se hace y no encontramos políticas integrales, sino parches; no encontramos planificaciones y actuaciones con perspectiva, sino respuestas improvisadas en el día a día con respuestas parciales y a veces equivocadas. Es el momento de exigir un cambio de prioridades en la agenda política que parta de la convicción de sentirnos ciudadanos/as responsables en el desarrollo de la vida y de la historia de nuestra tierra, la cercana y la lejana, con una mirada amplia ante una realidad diversa y hostil para los más empobrecidos y que a su vez cuenta con recursos suficientes para dar un cambio de rumbo radical a la hora de enfocar las políticas que se implementan.