Los nuevos socios eliminan sus fronteras para adaptarse a la UE

Nueve de los doce nuevos socios de la UE fueron ayer aceptados por el Consejo de Ministros de Justicia comunitario en el espacio Schengen, que establece la libertad de movimiento de personas. República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Eslovenia-que en enero asume la presidencia de la UE- y Eslovaquia satisfacen las condiciones exigibles en materia de protección de datos, fronteras, cooperación policial, visados y adecuación al Sistema de Información Schengen (SIS), según convino el consejo, reiterando sus opiniones al respecto de noviembre, y después de que el Parlamento europeo haya dado su conformidad.

La desaparición de los controles en las fronteras terrestres y marítimas de estos países tendrá lugar el próximo día 21, mientras que las de los aeropuertos se mantendrán activas hasta el 30 de marzo del año que viene, para cuando la Unión Europea espera tener en marcha una adaptación del SIS, a la espera de la implantación, ulterior, de un nuevo registro informático de personas en tránsito por territorio Schengen que comprenderá datos biométricos.

El consejo, al que asistió el titular de la cartera, Mariano Fernández Bermejo, logró ponerse de acuerdo sobre la celebración de un día -el 10 de octubre de cada año- contra la pena de muerte. El consenso fue posible al aceptar esta iniciativa el nuevo Gobierno polaco, después de la oposición mostrada por los gemelos Kaczynski, que querían incorporar a la conmemoración una condena también por el aborto.

Asimismo, adoptó una decisión marco largamente discutida en sesiones anteriores que posibilita el cumplimiento de penas que no comprometen la privación de libertad en el país de origen del infractor, y no en el de comisión del delito.

Penas alternativas

El acuerdo concierne a las condenas sustituidas, suspendidas y a la libertad condicional, y prevé la activación de los supuestos de transferencia del delincuente a demanda del Estado que haya juzgado el delito, y la Administración del de destino deberá supervisar la aplicación de las penas alternativas, en función de una lista establecida. El acuerdo define 32 delitos para los que la doble incriminación no será exigida a los efectos de la decisión marco, esto es, que los países de residencia del delincuente tendrán que acogerle y aplicar la sanción alternativa, aunque el delito en cuestión no esté tipificado en ellos como tal.

El marco de exigencias es bastante generoso, de modo que existe la posibilidad para los estados miembros de ejercer un 'opt out' de la normativa, es decir, de no aplicarla. La Comisión protestó por esta exclusión, pero fue la única manera de que la decisión marco fuera adoptada.