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REUNIÓN. La última Junta de Gobierno Local donde se aprobó esta iniciativa. / LA VOZ
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Las familias con dificultades sociales recibirán 36 euros por cada hijo al mes

El Ayuntamiento pondrá en marcha un año más el Programa de Ayudas Económicas Familiares que ofrece también un contrato de intervención

P. ALÁEZ
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Después de haber sido aprobada por la Junta de Gobierno Local, el delegado de Servicios Sociales, Francisco José Martín Bejarano informó de que el equipo de Gobierno pondrá en marcha un año más un Programa de Ayudas Económicas Familiares.

«El objetivo de este programa de ayudas es el bienestar infantil, de modo que actúa en aquellos casos en los que se detecta riesgo para el menor en la dinámica familiar o situaciones de dificultad social», manifestó el edil quien explicó que esta iniciativa contempla tanto de una ayuda económica como profesional. «Por un lado, se le proporciona a la familia 36,50 euros mensuales por hijo y a cambio, se establece un contrato de intervención familiar con el que se trabajan distintos aspectos de organización y funcionamiento de la familia que están motivando la situación de riesgo de los menores», añadió Martín Bejarano.

Así, se trata de una ayuda que se concede no sólo cuando las familias tienen deficiencias económicas, sino porque existen dificultades de carácter social y familiar.

Según manifestó el edil, este tipo de ayuda se puede solicitar en cualquier momento del año a través de la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, aportando como documentaciónla fotocopia del DNI, del libro de familia, certificado de escolarización de los menores, justificación de ingresos económicos de la unidad familiar, certificado de minusvalía en caso de que existiese o cualquier otro documento que se precise para la valoración de la solicitud.

En cuanto a los requisitos, es necesario que los menores estén matriculados en centros escolares; que la familia esté incluida en algún programa de intervención familiar de los servicios sociales y que cumplan un perfil en el que deben incluirse indicadores de riesgo social para el menor en la dinámica familiar, existencia de necesidades básicas que deben ser cubiertas, falta de recursos económicos y pronóstico positivo sobre la resolución del problema detectado.

En este sentido, Martín Bejarano añadió que los contratos con las familias se establecerán anualmente, y serán prorrogables mientras duren las circunstancias que motivaron su concesión.