Los «damnificados» de la conexión Jerez-Guadalcacín

El Pago de Santa María es una de esas barriadas que existen dentro del término municipal de Jerez que nacieron hace más de medio siglo sobre suelo rústico. Este hecho ha originado que durante décadas el Consistorio y sus vecinos se hayan enfrentado debido a la ilegalidad de sus viviendas. Una irregularidad que se ha intentado subsanar en más de una ocasión sin éxito.

De hecho, en este pequeño rincón de la pedanía de Guadalcacín, donde existen 68 viviendas y más de un centenar de residentes, inició su proceso de legalización en el año 86 y es que «la antigua Gerencia Municipal de Urbanismo nos cobró a cada residente 90 euros -unas 15.000 pesetas de la época- para iniciar todo el proceso, una cantidad a la que tendríamos que haber sumado otros 90 euros cuando estuviera finalizado todo el papeleo, algo que no ha pasado. Eso sí, desde que se comenzaron a dar los pasos para la regularización de nuestras casas, estamos pagando contribución», como explica uno de los jerezanos afincados en esta zona. No obstante, y a pesar de que el Ayuntamiento «nos aseguró que todo se solucionaría en días -han pasado 20 años-», los problemas no hacen más que crecer.

«Han intentado tirar algunas de las viviendas, aunque hasta la fecha sólo se ha hecho efectivo el derrumbe de un garaje y ahora, con el nuevo Plan de Ordenación Urbana (PGOU), vamos a perder el 50% de los terrenos que nuestros padres compraron», comenta otra de las vecinas.

El problema reside en que gracias al nuevo PGOU el suelo sobre el que se levanta la barriada pasa de ser rústico a urbanizable. Este hecho, que en apariencia beneficia a los vecinos, se ha transformado en un auténtico dolor de cabeza para ellos, ya que «según el Ayuntamiento se nos va a quitar buena parte de nuestros terrenos: un 10% para zonas verdes, un 5% para dotaciones y otro 10% para lo que requiera el Consistorio. Sin olvidar el otro 25% que va destinado a la creación de calles y avenidas. De esta forma, nos quedamos con la mitad de lo que tenemos y encima nos han comunicado que tendremos que afrontar el coste de la totalidad de la urbanización de la zona», asegura a este medio el portavoz de la comunidad de propietarios.

Este último punto es el que más enfurece a los vecinos tanto del Pago de Santa María del Pino como del Pago de Lima, una segunda barriada de Guadalcacín donde la situación de sus residentes es idéntica.

«Estamos sin dormir apenas, no paramos de darle vueltas al asunto. Llevamos más de 60 años aquí y nos quieren arruinar. Si nos quitan las tierras que tenemos y encima nos hacen afrontar el coste de la urbanización, ¿qué nos queda? Quieren echarnos de aquí y tenemos mucho miedo a que nos tiren las casas abajo», insisten a LA VOZ varios vecinos notablemente molestos.

Ante esta situación «entendemos que hay que ceder ciertos terrenos al Ayuntamiento, pero no que éste no nos ayude a pagar las calles y su adecentamiento como ha hecho con otras barriadas de la ciudad como Las Flores». Además, «la alcaldesa, Pilar Sánchez, en plena campaña electoral nos prometió que no se nos quitaría más del 10% del suelo que nos pertenece y ahora es el 50%, hay una clara diferencia, ¿no?», recalcan desde Pago de Santa María del Pino.

Con todo ello, los vecinos de esta barriada tienen muy claro que «la fusión de Jerez con Guadalcacín por esta zona y los terrenos que aquí existen -ideales para la construcción de nuevas viviendas- nos está perjudicando en lugar de beneficiarnos. Nosotros no nos oponemos a que las cosas cambien, eso sí sin que nos perjudique». Hay que señalar que un pequeño porcentaje de los vecinos que poseen parcelas en el Pago de Santa María no se oponen a estas transformaciones, aunque la mayoría «presentaremos las correspondientes alegaciones al PGOU, tras consultar con algún abogado», concluyen.