La dirección de la factoría solicita la transmisión de activos a la Junta

La procuradora Clara García-Agulló, en representación de los intereses de la factoría puertorrealeña, ha solicitado al juzgado de lo Mercantil «la transmisión de parte de los activos» de la fábrica a la Junta de Andalucía. La Administración autonómica comunicó en octubre a los administradores concursales un calendario en el que establecía los tiempos en los que las empresas que se ubicarán en estas dependencias necesitarán disponer de las instalaciones.

Según una misiva del director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Miguel Ángel Serrano, la primera de las empresas que ocupará la factoría lo hará en marzo de 2008. En la carta se asegura que a esta compañía, que podría tratarse del consorcio aeronáutico que conformarán los grupos Ficosa y Alcor junto con Sacesa, le «sería absolutamente imprescindible disponer no más tarde de final del mes de noviembre» -pasado- «la llamada planta 41 más el 50% del edificio de oficinas» contiguo.

Planta de direcciones

Esta firma, dice la agencia dependiente de la Consejería de Innovación, además de la citada planta de direcciones, también tendrá que disponer en la misma fecha la planta de recuperación de hidrocarburos y la subestación eléctrica de la que dispone la fábrica. Serrano comunica a los administradores concursales que existe una segunda fase, localizada en febrero de 2008, en la que «la primera de las empresas» necesitará disponer de las naves de la planta U1, en la que se manufacturaban rodamientos. Este entorno, según IDEA, funcionaría como «zona de expansión de actividad de l que se desarrolle enla planta 41».

Aunque en este documento se hace expresa mención de la compañía que necesita estas instalaciones como «la primera de las empresas», en ningún momento se especifica que segundas o terceras firmas tengan también intención de ocupar parte de las instalaciones en las que se ubicaba la factoría de componentes de automoción. Sin embargo, sí indica que «las instalaciones deberían entregarse vacías a las nuevas empresas».

La procuradora García-Agulló hace mención explícita de que solicita a la autoridad judicial la transmisión de estos activos a la Administración autonómica «en los términos expresados» en la carta que el director general de IDEA dirige a los administradores concursales.