Celebrar el consenso
La Constitución cumple hoy 29 años desde que fue refrendada por la ciudadanía española. La trágica coincidencia del aniversario con el último crimen de ETA certifica hasta qué punto los principios consagrados en la Carta Magna han de continuar actuando como firme baluarte en la lucha contra el terror. Pero ante todo, la efeméride constituye el recordatorio de la existencia de un marco de convivencia que ha permitido asentar una duradera etapa de democracia, libertad y prosperidad. Casi tres décadas después de que fuera promulgada, la Constitución ha demostrado también la fortaleza del consenso que permitió alumbrarla aun cuando la disputa partidista, especialmente acerada a lo largo de esta legislatura en lo referido al modelo territorial, haya tensionado esos acuerdos básicos hasta límites inquietantes. El encono que generó la aprobación del Estatuto catalán, todavía pendiente de que el Tribunal Constitucional dictamine sobre su encaje jurídico, se ha visto atemperado por el refrendo de otros proyectos de cambio autonómicos con el apoyo de socialistas y populares. De ahí que ni el censurable voluntarismo que ha dejado traslucir la actuación del Ejecutivo, ni los errores cometidos justifiquen las acusaciones sobre la supuesta ruptura del orden constitucional.
Actualizado: GuardarLas propuestas formalizadas en los últimos días por el PP a fin de "reforzar y perfeccionar la arquitectura autonómica" resultan coherentes con las advertencias que vienen reiterando los populares sobre los riesgos que comportan las exigencias del nacionalismo más soberanista. Pero el hecho de que la formación de Rajoy haya renunciado a recuperar para el Estado competencias autonómicas refleja tanto la validez del modelo pactado hace 29 años, como la dificultad de restringir áreas de gestión que la mayor parte de la ciudadanía vincula ya de forma indisoluble a su bienestar personal y al desarrollo común. Y aun cuando resulte del todo aconsejable que los cambios estatutarios cuenten con la anuencia de los dos partidos llamados a sucederse en el gobierno de España, la búsqueda de mayorías cualificadas no debería imponerse a través de fórmulas legales que puedan acaban forzando el consenso labrado en torno a la Carta Magna. Un consenso que precisa de un compromiso más firme por parte de todas las fuerzas políticas para salvaguardar la independencia del Tribunal Constitucional como garante último de la correcta interpretación de la Carta Magna.
