Promesas fiscales
La promesa realizada ayer por el presidente del Gobierno, por la cual eliminará el impuesto sobre el patrimonio si logra la reelección, está llamada a competir con las rebajas fiscales comprometidas también por Mariano Rajoy. El modo en que unos y otros han anticipado las reformas empaña, por la manifiesta voluntad de utilizarlas como herramienta para la captación de eventuales votos, el interés que pueden despertar entre la ciudadanía y el debate público que han de suscitar. Rajoy anticipó que, en caso de recuperar el poder, su gobierno suprimirá la declaración de IRPF para las rentas inferiores a 16.000 euros, pero no detalló ni la manera en que llevará a cabo la modificación fiscal ni cuantificó su efecto sobre la recaudación, especialmente si se agudiza la ralentización del crecimiento económico. Por su parte, Rodríguez Zapatero utilizó ayer argumentos razonables para explicar la supresión del impuesto sobre el patrimonio por su carácter penalizador del ahorro e ineficaz a la hora de gravar las grandes fortunas. Pero también evitó aclarar, en su caso, cómo solventará el problema que implica actuar sobre un gravamen que está transferido a las autonomías y cómo lo sustituirá en su papel como instrumento de lucha contra el fraude.
Actualizado: GuardarLa actitud evasiva mostrada por el jefe del Gobierno y el líder de la oposición refleja su predisposición a ofrecer aquellos anticipos de sus programas electorales que consideran más sugerentes, dosificando la información que ha de ayudar a la opinión pública a dotarse de una opinión formada sobre los mismos. Pero también revela una clara voluntad de reservar aquellas propuestas aparentemente más impactantes para la carrera electoral, una actitud que no por ser recurrente ha de quedar exenta de crítica. Es probable que esta nueva sucesión de iniciativas no se hubiera producido de manera tan explícita si la economía no ofreciera síntomas de enfriamiento, con datos como el crecimiento del paro -un 2,24%- hechos públicos ayer, convirtiéndose en motivo de pugna en las urnas. Pero tanto el Gobierno como la oposición están obligados no sólo a detallar el alcance de sus compromisos, sino a evaluar con rigor las eventuales consecuencias de una mayor flexibilidad fiscal en el sostenimiento de la actual cobertura del Estado de Bienestar.
