Ocurrencias y reformas

La reforma de la Constitución mencionada textualmente en aquel programa socialista con que Rodríguez Zapatero consiguió inesperadamente el poder el 14 de marzo consistía en las siguientes medidas: reforma del Senado, inclusión en la Constitución de la denominación oficial de las Comunidades y Ciudades Autónomas, referencia a la Constitución Europea y reforma de las normas de sucesión en la Jefatura del Estado para adecuarlas al principio de igualdad entre hombre y mujer. Como se ve, una reforma muy discreta y limitada, en la que sólo tenía verdadera entidad la reestructuración de la Cámara Alta.

El desarrollo de tales propuestas fue sometido incluso al Consejo de Estado, que confeccionó un valioso dictamen aprobado en febrero del 2006 con el solo voto en contra de Aznar, quien opinaba entonces (antes de abandonar la institución para dedicarse a sus negocios privados) que no se daban «las condiciones para la reforma constitucional» porque no existía «ni la necesidad jurídica, ni la conveniencia política, ni el consenso entre partidos que requieren este tipo de planteamientos». Era evidentemente opinable la primera parte de este pronunciamiento pero no la segunda: por aquellas fechas, era ya manifiesto que la legislatura depararía pocos consensos y, desde luego, que no existiría el clima propicio para una simbiosis intelectual tan compleja que, de haberse planteado, hubiese debido superar notorias diferencias ideológicas: el federalismo tolerante a las asimetrías que ha sostenido el PSOE está muy lejos de la propensión más unitarista y centrípeta del PP.

No ha habido, por tanto, ni siquiera un intento real de sacar adelante una reforma constitucional que requería una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, sin perjuicio del procedimiento reforzado del art. 168, obligatorio para realizar ciertos cambios y que requiere una mayoría de dos tercios y la inmediata disolución de las Cámaras. Pero a pesar de ello, y de que en modo alguno se ha reconstituido la relación entre PSOE y PP, Rajoy anunciaba el sábado, al término de la Conferencia política de su partido sobre el Modelo de Estado, una nueva propuesta de reforma constitucional, compleja y todavía no planteada de forma sistemática que, entre otras cuestiones, pretende garantizar la competencia exclusiva del Estado en determinadas materias. Además, quiere Rajoy fortalecer las competencias legislativas del Estado para acometer reformas en determinadas materias como urbanismo, vivienda o inmigración, así como para potenciar la igualdad en materia de aprendizaje del español, recepción de prestaciones sanitarias o distribución de recursos naturales. Asimismo, el PP quiere reformar el TC -mediante magistrados vitalicios- e incrementar las mayorías necesarias para aprobar Estatutos de Autonomía y las leyes que regulan el TC o el CGPJ.

Es difícil no estar de acuerdo en abstracto con buena parte de tales propuestas, que, en términos generales, se encaminan, de un lado, a la tan mentada regeneración democrática y, de otro lado, a contener con mayor o menor sutileza las presiones disgregadoras de los nacionalismos periféricos.

Así las cosas, deberían quizá las grandes fuerzas dejar de realizar brindis al sol en materia constitucional y de enunciar utopías irrealizables precisamente por falta de consenso. Si las dos principales fuerzas maduran y deciden hacer primar los intereses generales y la voluntad de la mayoría con el exigible respeto a las minorías, lo lógico es que opten por sentarse a hablar y a negociar, en vez de seguir proclamando ocurrencias biensonantes pero imposibles.