Un nuevo instrumento para luchar contra el fraude

El Pleno del Parlamento andaluz aprobó ayer, con los votos de PSOE e IU, la Ley de creación de la Agencia Tributaria de Andalucía, que contó con el voto en contra de PP y PA, grupos que en su día plantearon una enmienda a la totalidad a esta norma, con la que se da cumplimiento a uno de los preceptos recogidos en el nuevo Estatuto de Autonomía.

La Agencia Tributaria Andaluza se configura como una entidad de derecho público, con un régimen especial de autonomía funcional y de autoorganización, de forma que «pueda adaptar su funcionamiento de forma ágil y profesional a los requerimientos de la dinámica económica». Será autónoma, aunque queda sometida a la planificación y el control por parte de la Consejería de Hacienda.

Así, la Agencia Tributaria de Andalucía, con la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 181 del nuevo Estatuto de Autonomía para hacer efectiva la gestión de los ingresos de la comunidad autónoma y luchar contra el fraude fiscal, ejercerá, entre otras funciones y competencias, las de gestión, liquidación, recaudación e inspección de los impuestos propios y de los estatales cedidos totalmente a la comunidad autónoma; el ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria, y la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público, así como aquellas otras atribuciones que pueda asumir por delegación en relación con los tributos locales.

Objetivo

El objetivo de la Agencia Tributaria Andaluza es lograr una administración «más eficaz» en coordinación con el Estado, con el que se establecerá un consorcio, para desarrollar una «lucha más eficaz contra el fraude fiscal» y facilitar un servicio «más cómodo para los ciudadanos».

El nuevo ente basará su actividad en una atención prioritaria al ciudadano para facilitarle transparencia en la información y más comodidad.