La Policía ataca a los autores de la 'teoría de la conspiración' del 11-M
Tuvieron que morderse la lengua mientras la Policía era acusada de manipular pruebas o fabricar algunas falsas, como la mochila de Vallecas; de mentir ante el juez, de teatralizar el suicidio de siete personas en Leganés, de haber permitido el asesinato de un compañero del GEO... todo ello para ocultar que ETA está detrás del 11-M. Un mes después de conocer la sentencia que certificó que el 'yihadismo' fue el único autor de la masacre y que las fuerzas de Seguridad trabajaron de manera impecable, «llega la hora de lavar el honor de la policía».
Actualizado:El Sindicato Unificado de Policía (SUP), que es el mayoritario en el cuerpo, ha movilizado a decenas de afiliados para hacer una compilación de las más duras acusaciones y mentiras de la 'teoría de la conspiración'. El resultado llena 95 páginas, más de 35.000 palabras de periodistas y políticos que apoyaron la «trama de los policías al servicio del embuste».
Con ese informe, el SUP presentará la próxima semana ante los tribunales las primeras denuncias por delitos de injurias y calumnias contra las instituciones del Estado. Serán contra el locutor de la emisora de la COPE Federico Jiménez Losantos y el periodista Luis del Pino. Entre ambos suman más de cien expresiones que los juristas del sindicato consideran calumniosas o injuriosas contra la institución o el buen nombre de sus agentes, muchos de ellos afiliados.
Punto de mira
Otras cuatro personas están en el punto de mira del mayor sindicato de la policía por sus acusaciones e insinuaciones sobre el trabajo de la policía en el 11-M: el director de 'El Mundo', Pedro J. Ramírez; el periodista de este diario y autor de la serie sobre los 'agujeros negros' de la investigación, Fernando Múgica; el diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo, y el ex secretario de Estado para la Seguridad Ignacio Astarloa. Los abogados del SUP aún estudian si sus expresiones pueden tener relevancia penal o, en el caso de los dos políticos, si tienen inmunidad por su condición de parlamentarios.
El secretario general del SUP, José Manuel Sánchez, sostiene que estas denuncias en modo alguno son una venganza, «estamos incluso dispuestos a retirarlas si rectifican estas afirmaciones, sólo nos importa el buen nombre de la institución».