La Fiscalía acelera la investigación sobre ANV para pedir su ilegalización
Recaba informes para ssolicitar al magistrado Baltasar Garzón la suspensión de actividades del partido con el que los 'abertzales' concurrieron a las urnas El Partido Popular insiste en que ya existen pruebas suficientes para llevar a cabo este trámite
Actualizado: GuardarLa Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido acelerar la investigación abierta hace más de medio año sobre Acción Nacionalista Vasca (ANV). Su intención es pedir al juez Baltasar Garzón la suspensión cautelar de actividades de la formación si logra probar en las próximas semanas que el partido que concurrió a las pasadas elecciones municipales está al servicio del complejo ETA-Batasuna.
Fuentes fiscales aseguraron ayer que el departamento que dirige Javier Zaragoza recibió la pasada semana «informes policiales de peso» sobre ANV y su presunta sumisión a la organización terrorista y la formación política proscrita. Esas investigaciones, según estas mismas fuentes, podrían incluso provocar la imputación de algunos de los dirigentes de Acción Nacionalista Vasca por un delito de pertenencia a organización terrorista.
Este procedimiento, independiente del proceso de ilegalización ante el Supremo que instaría la Fiscalía o la Abogacía del Estado, se encuadrará en la pieza separada que abrió el juez Garzón en el seno del sumario 35/02 sobre Batasuna para investigar de forma independiente las actividades del histórico partido 'abertzale'.
El magistrado asumió toda la investigación de ANV el pasado 17 de mayo cuando el decano de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, decidió entregarle el caso a pesar de que su compañero Fernando Grande-Marlaska había pedido permiso para abrir un sumario independiente sobre el partido, después de recibir en su turno de guardia una querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ).
El 26 de junio, el juez Garzón decretó secreta esta pieza sobre ANV y rechazó las peticiones de Dignidad y Justicia, AVT y Foro de Ermua para que suspendiera al partido por entender que éste no era, al menos en ese momento, un «elemento instrumental» de ETA-Batasuna.
La 'no' condena
Fuentes de la Fiscalía insistieron en que la base para reclamar acciones contra ANV serán los informes policiales y no la negativa de los representantes del partido bajo sospecha a condenar los atentados de ETA y, en particular, el que el sábado costó la vida al guardia civil Raúl Centeno. Esa negativa sólo es un «dato más», reiteraron.
El titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo recalcó que aunque la negativa a reprobar a ETA es un hecho «indicativo» de la relación de la formación con la banda, el Supremo «no tienen bastante para actuar que meros indicios. En el mismo instante en que los servicios jurídicos del Estado comunique que hay pruebas se actuará», garantizó el ministro.
Según Fernández Bermejo, la Abogacía del Estado sólo recurrirá a la Sala del 61 «con pruebas de que efectivamente la vinculación con ETA está acreditada». «No podemos permitirnos el lujo de actuar movidos por nuestros deseos de que se haga justicia» porque ello provocaría «hacerlo mal por hacerlo a destiempo. El Gobierno es el primer interesado en llevarlo ante los tribunales», aseguró.
«Pruebas suficientes»
Por su parte, el secretario de Organización del Partido Socialista, José Blanco, por su parte, advirtió ayer de que la ausencia de condena por parte de ANV la sitúa más cerca de su posible ilegalización.
El 'número dos' socialista remarcó que serán los tribunales los que resolverán la cuestión a partir de la actuación de la Abogacía y la Fiscalía General del Estado, pero recordó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad vigilan de cerca desde hace tiempo a la formación a fin de encontrar indicios y pruebas que la vinculen con la banda terrorista. Además, calificó de «evidente» que «quien no condena un atentado está hoy peor que ayer».
El Partido Popular insistió este lunes en que, como ha mantenido desde las pasadas elecciones municipales, existen pruebas suficientes para instar la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca y para suspender los ayuntamientos en los que gobierna este partido.
El secretario general del partido opositor, Ángel Acebes, discrepó en este punto de las opiniones del ministro de Justicia y le reprochó que le parezcan «meros indicios» lo que para el Partido Popular «son pruebas». «Ojalá, -dijo el secretario general de este partido- desde la unidad, tomemos medidas para expulsar a los terroristas de las instituciones y que sus partidos sean ilegalizados», deseó por último Acebes.
