El Constitucional acusa al PP de buscar la alteración del tribunal con recusaciones «fraudulentas»

El Tribunal Constitucional acusó ayer al PP, en una durísima resolución, de haber intentado «alterar la composición del tribunal» y bloquear su funcionamiento mediante la recusación de tres magistrados progresistas sin base alguna, con manifiesto «abuso de derecho o fraude procesal». Las recusaciones populares abocaban al tribunal a la parálisis, pues reducían su composición a siete miembros cuando el quórum mínimo para poder reunirse y tomar decisiones es de ocho. La pretensión fue rechazada la semana pasada por ocho de los diez miembros del pleno, y este lunes se conoció los argumentos esgrimidos por el tribunal.

La corte cree evidente que el PP presentó estas impugnaciones sin base alguna con la única intención de «reaccionar» a la recusación de dos magistrados conservadores por parte del Gobierno en previsión de que una nueva composición del pleno forzada por el Ejecutivo rechazase el recurso de inconstitucionalidad defendido por el principal partido de la oposición, que cree ilegal prorrogar de manera automática el mandato del presidente del Constitucional hasta que se produzca la renovación del tribunal.

«Fundada sospecha»

El auto judicial señala que el pleno rechazó las recusaciones «ante la fundada sospecha» de que «se formulan no para garantizar su fin institucional, como es preservar la imparcialidad de los magistrados, sino para alterar la composición del tribunal» a favor de sus intereses. Entienden que, en su pulso político con el Gobierno, el partido conservador «instrumentaliza la recusación para una finalidad distinta a la que está prevista por la ley».

La resolución reprocha al PP que su actitud supone una falta de respeto al Constitucional porque, sin perjuicio de la libertad de las partes en el proceso judicial, «es exigible, en todo caso, que se guarde el respeto que institucionalmente le es debido al tribunal y a sus miembros, exigencia que no han observado» los populares en esta ocasión.

Los magistrados recuerdan que se han visto obligados a tomar medidas «excepcionales» como permitir a los recusados participar en el debate de las impugnaciones o tratarlas en el pleno antes que las del Gobierno, que se plantearon con anterioridad, «para salir al paso e impedir el éxito de intentos de abuso de derecho o fraude procesal» que «pusieron en riesgo la jurisdicción del tribunal».

Las recusaciones del PP no podían ser tenidas en cuenta, sigue el fallo, porque tenían «como única base» un artículo de prensa «sin autor y sin fuente», que «fue tajante y rotundamente desmentido por los magistrados presentes en la reunión», entre ellos los tres recusados, lo que privó a la impugnación «del imprescindible fundamento fáctico».

El Constitucional, sin embargo, decidió ayer tramitar las recusaciones planteadas por el Gobierno en esta misma causa contra los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, al considerar que sí cuentan con la base fáctica y legal suficiente para ser investigadas. El Ejecutivo les recusó por entender que han perdido su imparcialidad para tratar el recurso ya que, en junio pasado, mediante un escrito oficial, adelantaron su «muy profunda discrepancia» con la reforma legal impugnada un mes más tarde por el PP.

La decisión ha sido tomada en un pleno en el que no estuvieron presentes los dos recusados tal y como es preceptivo.