ETA a sangre fría
ETA volvió a matar ayer, once meses después de acabar con la vida de dos ciudadanos ecuatorianos en el aeropuerto de Barajas. El asesinato en Capbreton del guardia civil de 24 años Raúl Centeno Pallón y las gravísimas heridas sufridas por su compañero Fernando Trapero Blázquez, hospitalizado en estado de coma, no sólo certifican cruelmente cuál era el único propósito de la organización terrorista al romper el alto el fuego. También desmienten de la manera más dramática las ingenuas e irresponsables especulaciones sobre una hipotética modulación a la baja de la violencia etarra. Porque el atentado en la localidad francesa constituye, ante todo, una terrible demostración de la frialdad homicida con que están dispuestos a actuar los pistoleros más irreductibles de la banda, capaces de disparar casi a quemarropa a dos agentes de la Guardia Civil con el objetivo de mantener prietas las filas de una izquierda abertzale que camina inexorablemente hacia la clandestinidad. El asesinato supone el peor recordatorio del riesgo que corren a diario los miembros de las fuerzas de seguridad, dentro de nuestras fronteras pero también fuera de ellas, para combatir a aquellos que amenazan la libertad de todos. Por ello este nuevo atentado, que ha llevado la desolación más extrema a dos familias, ha de conducir al definitivo rearme ético de una sociedad que debe ser consciente de que ETA ha regresado con la exclusiva intención de matar.
Actualizado: GuardarLa organización terrorista no asesinaba a agentes españoles en Francia desde hace 30 años, aunque resultaría un error enfatizar la relevancia de este atentado minusvalorando la gravedad del resto de las acciones criminales de la banda. Que en su enloquecida huida hacia delante los terroristas no hayan dudado en utilizar sus armas en el país vecino sólo evidencia su empecinamiento en rebasar todos los límites imaginables a fin de perpetuar su inhumana trayectoria. Pero el atentado sí interpela a la reacción contundente de la sociedad y de las autoridades galas, porque ETA no es un problema únicamente español. Se ha transformado en una insoslayable amenaza para la propia ciudadanía gala, ante la constatación de que la banda ya no pretende sólo mantenerse a salvo en su territorio, sino que responde a la colaboración franco-española en materia antiterrorista desafiando a la República. De ahí que resulte inadmisible que desde diversos medios se haya tratado de presentar el atentado de Capbreton como la traslación a suelo francés de la pugna entre ETA y la Guardia Civil; como lo es, incluso más si cabe, la calificación de los terroristas como miembros de una «organización separatista». La desarticulación de las estructuras etarras y la detención de sus activistas no debe ser asumida sólo por las autoridades de París como un compromiso para con España. Ha de convertirse en una prioridad para la presidencia de Nicolás Sarkozy y para su Gobierno en relación a la propia seguridad de los franceses, lo que debería conducir a una revisión de la cobertura de la que aún disfruta la izquierda abertzale en Francia. Porque resulta contradictorio que una formación como Batasuna, ilegalizada en España por prestar amparo al terrorismo, pueda replegar periódicamente sus actividades públicas al País Vasco francés, donde goza de personalidad legal desde 2001.
Con su atentado de ayer, ETA vuelve a poner a prueba la unidad de las fuerzas democráticas en España, al tiempo que sitúa al nacionalismo que gobierna en Euskadi ante su cuota de responsabilidad para acabar pronta y definitivamente con la violencia. La condena del presidente Rodríguez Zapatero proyectó una claridad y una determinación que se habían echado en falta en anteriores ocasiones. Pero es sin duda el comunicado de repulsa firmado por la totalidad de las formaciones parlamentarias, los sindicatos y la patronal, en una reunión excepcional en el Congreso, la que permite atisbar una cierta esperanza en la recuperación del mínimo consenso imprescindible para hacer frente al terror. Una exigencia que compete de manera singular a los dos grandes partidos, obligados a garantizar que no habrá fisuras en lo esencial de la estrategia contra ETA, y mucho menos suscitadas por la liza electoral. La escenificación en la Cámara baja del acuerdo por el que se convoca a la ciudadanía a una concentración el martes en Madrid contrasta con la tibieza de la respuesta ofrecida por el Gobierno vasco, en una nueva muestra de sus dificultades para modular su reacción ante acontecimientos tan graves más allá de las proclamas habituales. La inhumanidad de ETA exige tanto del Ejecutivo de Vitoria como de los líderes del nacionalismo una disposición real a sumarse al empeño común de acabar con el terror sin contrapartidas, aparcando aquellas propuestas políticas que por su maximalismo puedan ser aprovechadas por el terrorismo para perpetuarse.
