Familias acuden desesperadas al Defensor ante los problemas de conducta de sus hijos

La alta conflictividad de muchos jóvenes está generando no sólo un extenso debate sobre la educación o las medidas penales que se aplican a aquellos que cometen delitos, sino también está sacando a la luz otro tipo de problemas que ayudan a explicar, en algunos casos, por qué un menor demuestra un comportamiento excesivamente agresivo incluso con sus padres. Fenómenos como el bullying o acoso escolar, la violencia gratuita grabada por teléfonos móviles o la cada vez mayor presencia de pedófilos menores de edad en la red pueden ser fruto de los denominados trastornos de la conducta, una patología que impide a las personas una convivencia normal si no recibe el correcto tratamiento. Así lo pone de manifiesto el último informe emitido por el Defensor del Menor de Andalucía, el cual fue presentado recientemente en el Parlamento.

Ese estudio da cuenta de cómo a esa institución acuden, cada vez más, familias desesperadas al verse incapaces de controlar y reconducir los comportamientos de sus hijos, los cuales van acumulando amonestaciones y expulsiones en sus centros escolares en una espiral de violencia sin sentido que culmina con la comisión de hechos delictivos, como agresiones o robos, en aquellos casos más graves. Se da la circunstancia que muchas de esas familias no responden a ningún perfil desestructurado y conviven en un ambiente normalizado, solamente roto por los conflictos que genera el menor.

El Defensor, José Chamizo, incluye en el texto algunas de las quejas formuladas ante su Oficina a modo de ejemplo del «martirio» que padecen estos padres. Unos progenitores que coinciden en pedir la mediación de Chamizo para que resuelva la falta de recursos específicos y especializados que sirvan para tratar esa patología. «Sorprende cómo algunas familias acuden desesperadas solicitándonos que hagamos algo por su hijo. Saben que su destino no augura nada bueno ya que el historial creciente de sus hazañas así lo demuestra, pero nadie parece darse por aludido».

Los comportamientos de estos niños muchas veces son sólo «gamberradas» a la vista de todos, y no son diagnosticados debidamente. Pero en otros casos, las primeras señales son advertidas en los colegios y por sus respectivos Equipos de Orientación Educativa. Es en este entorno donde se está produciendo el fenómeno del bullying, que está generando tanta alarma social. Por eso, la estadística oficial que incluye el informe es la que hace referencia al número de alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a estos trastornos.

Más de 100 en Cádiz

Este recuento apunta a que en la provincia de Cádiz hay 109 jóvenes con estos problemas, de los cuales la mayoría cursa estudios de Primaria (74) y otros 22 lo hacen en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Pero como pone de relieve el mismo Defensor, esta estadística deja fuera a aquellos jóvenes cuyas conductas no han sido diagnosticadas como una patología, sino que están etiquetados como simples jóvenes conflictivos o gamberros. De la misma forma que tampoco se incluyen aquellos menores que no están escolarizados. Es decir, que existe una realidad más amplia, que se escapa del control de las administraciones.

Precisamente, Chamizo destaca en la introducción del documento que existe una desigualdad en la respuesta que obtienen estos jóvenes «por parte de los poderes públicos», en función de si están bajo la tutela de sus padres o de la misma administración. «Los menores tutelados por la Administración sí disponen de centros residenciales específicamente concebidos para el tratamiento de trastornos de conducta. Un recurso terapéutico que se revela esencial para el tratamiento de los trastornos más graves, pero cuyo acceso queda vedado para el resto de la población menor».

Es quizás en esa falta de acceso a los recursos públicos donde el estudio lanza sus críticas más duras. «Se trata de una situación difícil de entender y, sobre todo, de aceptar, ya que junto a las carencias en la respuesta de las administraciones sanitarias, social y educativa a los menores no tutelados, nos encontramos con la existencia de una red de recursos públicos de acceso exclusivo para los menores tutelados y en cuyo control y gestión no parecen tener participación ni la administración sanitaria ni la educativa».

Dado el creciente aumento de los delitos cometidos por menores, el informe aboga por un tratamiento más eficaz para atajar una de las circunstancias que influyen en ese incremento de la violencia juvenil. «Ha dejado de ser un problema emergente, para convertirse en una preocupante realidad y en un difícil reto para el futuro. Y todo ello, ante la pasividad de unos poderes públicos que se han mostrado incapaces durante años, no sólo de reconocer la importancia del problema, sino, sobre todo, de ofrecer respuestas eficaces al mismo».

Las demandas

A modo de conclusión, el Defensor del Menor propone una serie de recomendaciones para que desde el Gobierno autonómico se aborde el tratamiento de estos menores con garantías. Para ello, considera que es esencial que se haga un estudio sobre la incidencia real de estas patologías en la población. Además de establecer actuaciones conjunta de las consejerías de Salud, Educación y Bienestar Social como la creación de equipos de profesionales capaces de diagnosticar y valorar cada caso, ya que la detección precoz impide el desarrollo de conductas agravadas, que a la postre le conlleve asumir responsabilidades penales. Igualmente, se solicita que se amplíe la red de recursos sanitarios de forma que «contemplen todas las opciones terapéuticas, incluida la creación de centros de atención global».

En definitiva, y así concluye el estudio, ofrecer «un atisbo de esperanza a aquellas familias andaluzas que deben afrontar día a día el difícil reto de convivir con un menor aquejado de un trastorno conductual».

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