ETA decidió en 2002 atentar en Francia contra objetivos antiterroristas

Documentación interna intervenida a la dirección del aparato militar muestra que ETA tiene asumida desde hace cinco años la decisión de atentar en Francia contra actores directos de la lucha antiterrorista sin considerar que tal eventualidad, materializada ayer en Las Landas, supusiera un giro de su estrategia en la retaguardia gala. El banco central de datos del departamento de seguridad etarra contiene fotografías y listas de matrículas, periódicamente actualizadas, de agentes españoles de quienes existe constancia escrita que han sido contravigilados con propósitos criminales.

Los archivos de 'Otsagi' (jefatura militar) confiscados durante el último trimestre de 2002 en los cuarteles generales de Bergerac y Tarbes, revelaron que activistas de ETA habían sometido a vigilancias en el suroeste de Francia a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado español. Una nota hallada entre los papeles incautados tras la detención de Ibon Fernández Iradi, 'Susper', detallaba los movimientos de entrada y salida, horarios y vehículos de un grupo de agentes que habían sido localizados en una vivienda de la localidad vascofrancesa de Ciboure.

Contra mandos policiales

El autor sugería a sus jefes perpetrar un atentado mortal en la propia casa aunque se inclinaba personalmente por esperar a que llegaran mandos policiales de mayor graduación y pasar a la acción cuando estuvieran reunidos en un establecimiento hostelero. A su juicio, el prestigio y la moral de la organización ganarían muchos enteros con el golpe asestado a los agentes que eran denominados 'picolos' (guardias civiles). En verificaciones posteriores se comprobó que, en realidad, se trataba de espías del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

A 'Susper' también se le ocupó un detallado plan para asesinar en París a la jueza antiterrorista Laurence Le Vert, 'bestia negra' de ETA en Francia. El ultimado proyecto era el anexo de las actas de una reunión de 'Otsagi' en la que cuatro responsables del aparato militar votaron a favor de asesinar a la magistrada y un quinto se pronunció en contra. La síntesis del debate celebrado llegaba a la conclusión de que esa acción muy selectiva no cambiaría la estrategia de ETA ni significaría la apertura de hostilidades en territorio francés.

Un par de años después, en octubre de 2004, transcendió que ETA había creado un departamento de seguridad interna, denominado Segurtasun Saila, encargado de alimentar el banco central de datos (Data Gune Zentral, DGZ) con todas las informaciones útiles sobre la vigilancias policiales. Esta oficina de contraespionaje edita dos boletines dirigidos a la militancia titulados 'Argi Ibili' (ándate con cuidado) y Sasiak Begiak' (las paredes oyen).

En estas publicaciones se recogen, entre otras cosas, las informaciones sobre los controles de carretera y los movimientos sospechosos de las fuerzas de seguridad. En listados a menudo exhaustivos se da cuenta de los números de matrícula asociados a marcas, modelos y colores de vehículos usados por la policía francesa y la Guardia Civil. Las listas a veces son reproducidas de forma parcial en 'Zutabe' en una especie de mensaje a los servicios antiterroristas de que a su vez están fichados por ETA.

La idea del atentado selectivo en Francia había germinado en una propuesta hallada en 1996 en poder de Julen Atxurra Egurrola, 'Pototo', entonces jefe del aparato logístico. Ya sugería como objetivo a la juez Le Vert junto a los ministros del Interior neogaullistas Charles Pasqua y Jean Louis Debré así como al comisario Roger Marion. Seis meses después la policía gala ocupó a Joseba Urrosolo Sistiaga, 'Langile', sucintas anotaciones manuscritas con el itinerario habitual del general Jacques Landes, director de la Escuela Nacional de Sanidad Naval de Burdeos.