Condena general
Las órdenes de detención cursadas ayer por la Audiencia Nacional contra 46 de los 52 procesados en el sumario 18/98 constituyen el paso previo a la comunicación de la sentencia que resolverá el macroproceso más prolongado abierto por la Justicia española contra el entramado político, económico y social de ETA. La demora en la divulgación del veredicto, que no se conocerá al menos hasta el 10 de diciembre, obliga a evaluarlo con la necesaria cautela hasta que se revele la explicación jurídica de las condenas. Pero los autos de prisión confirman que el tribunal ha impuesto penas elevadas a la gran mayoría de los encausados -33 de ellas por pertenencia a organización terrorista, 12 en grado dirigente-, endureciendo incluso el castigo solicitado por la Fiscalía. La envergadura de un proceso que se remonta a 1998 y las incidencias registradas en el juicio quizá habrían aconsejado una exposición del contenido de la sentencia simultánea a los arrestos. Pero los recelos que haya podido despertar la instrucción del sumario y el posterior procesamiento no justifican en modo alguno la descalificación de los mismos efectuada por los portavoces del tripartito vasco, quienes, anticipándose elocuentemente a la propia izquierda abertzale, volvieron a atribuir ayer una «inspiración política» a la acción de los jueces.
Actualizado: GuardarLas reticencias, cuando no abierta oposición, mostrada por el nacionalismo institucional ante las investigaciones sobre el entorno de ETA han venido evidenciando no tanto una inquietud por la limpieza de los procedimientos judiciales, como una interesada resistencia a admitir la connivencia delictiva de la izquierda radical con la organización terrorista. Ese empecinamiento en cuestionar la verdad judicial tropieza a cada paso con veredictos como el presente, en el que la Audiencia da por probadas acusaciones tan graves como las de integración y colaboración con banda terrorista atribuidas a los procesados. Varios de los cuales han figurado, por añadidura, en la vanguardia de la izquierda radical durante años, habiendo sido condenados en otros sumarios vinculados a la actividad criminal de ETA. La valoración de esta sentencia como un ejemplo más del «descrédito» de la Judicatura, tal y como hizo ayer el nuevo presidente del PNV, minusvalora la gravedad de los motivos que han dado lugar a las condenas y coadyuvan al intento de deslegitimación de las mismas promovida por los acusados y su entorno; además de resultar esperpéntico cuando la propia Batasuna ha culpabilizado a los peneuvistas por la ejecución de las detenciones. El llamamiento de la formación ilegalizada a poner «una barricada ante estos ataques» refleja la determinación del abertzalismo radical de afrontar su aturdimiento profundizando en las actitudes que han desembocado en su confinamiento político y social. También por ello resulta más deplorable que el nacionalismo gobernante persista en mantener su mirada comprensiva hacia quienes siguen aspirando a subvertir el Estado de Derecho escudándose en la violencia.
