La Audiencia condena a medio centenar de miembros del frente político y social de ETA

La Audiencia Nacional ha condenado por colaboración o pertenencia a organización terrorista a medio centenar de miembros de los grupos que componen el frente político y social de ETA. La sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que ya está deliberada e incluso firmada por los tres miembros del tribunal, se notificará a los afectados el próximo 10 de diciembre. Las fuerzas de seguridad practicaron las primeras detenciones de las 46 ordenadas por el juez.

Los condenados, 46 de los 52 acusados, son los máximos dirigentes del frente político y de masas (Kas/Ekin), de la estructura internacional (Xaki), del frente cultural (Egin) y de la organización creada para fomentar la desobediencia civil (Fundación Josemi Zumalabe). El tribunal, que ha impuesto penas más duras de las solicitadas por la Fiscalía, ha condenado a 33 de los procesados como miembros de organización terrorista, 12 de ellos en grado de dirigente, a 14 años por colaboración con esta organización.

La mayor condena se ha impuesto a Xavier Alegría, a quien el tribunal considera el enlace clave entre la dirección de ETA y su frente de masas, que recibe una pena de 18 años de cárcel, 14 como dirigente terrorista y cuatro por alzamiento de bienes en Egin. Junto a él, en el grupo dirigente, están el abogado de etarras Txema Matanzas (14 años), el líder de Ekin Juan María Mendizábal (13), Elena Beloki (12), y el ex director de Egin Xabier Salútregui (12).

Buena parte del resto de los condenados recibirá penas superiores a nueve años de cárcel, por colaboración o integración en ETA. Varios de los procesados en la pieza de Egin también pueden sumar a estos delitos otros de tipo económico, como falsedad contable, insolvencia o fraude a la Seguridad Social. Es el caso de los históricos dirigentes de Batasuna, José Luis Elkoro y Pablo Gorostiaga, que han sido condenados a 16 años de prisión.

Los condenados fueron juzgados durante 16 meses -del 21 de noviembre de 2005 al 14 de marzo de 2007- en el pabellón de alta seguridad de la madrileña Casa de Campo, en el que se convirtió en el juicio más largo y con más procesados de la historia penal española. Su condena, elaborada durante ocho meses por la presidenta del tribunal y ponente, Ángela Murillo, cierra el núcleo duro de la investigación judicial contra el entorno de ETA, iniciada por el juez Baltasar Garzón y el fiscal Enrique Molina en 1998.

Evitar la fuga de Jarrai

El tribunal, ante el «elevado riesgo de fuga» y la «inminencia» de la notificación de la sentencia, ordenó el jueves por la noche a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a la Ertzaintza la detención para ingreso en prisión preventiva de 46 de los condenados, todos ellos residentes en localidades del País Vasco y Navarra.

La medida preventiva quiere evitar que en este caso ocurra lo mismo que en enero pasado, cuando 19 de los 23 miembros de Jarrai condenados por el Tribunal Supremo como miembros de una organización terrorista se dieron a la fuga nada más conocer el fallo y tuvieron varias semanas en jaque a la fuerzas de seguridad. De hecho, la condena conocida ayer es la segunda dictada contra las organizaciones del entorno de ETA después de la que ilegalizó Jarrai-Haika-Segi y encarceló a sus principales dirigentes. El fallo afianza la doctrina marcada por el Supremo de que no hace falta atentar para pertenecer a una organización terrorista, y marca el sendero para los procesos que restan al entorno de la banda armada.

Los agentes, tras recibir el jueves las órdenes de la Audiencia Nacional, utilizaron las horas nocturnas y la mañana para tratar de localizar a los procesados e iniciaron las detenciones poco después del mediodía del viernes. Al cierre de esta edición sólo habían sido capturados 26 de los condenados, aunque el ministro del Interior resto por la tarde importancia al dato y aseguró que «las detenciones concluirán en los próximos días». Los detenidos fueron trasladados hasta comisarías de las distintas capitales vascas, antes de ser conducidos a Madrid.

El tribunal no ordenó el arresto de seis de los procesados: Teresa Mendiburu, Oiakua Azpiri, Marta Pérez, David Soto, Jaime Iribarren y José Ramón Anchía. Según fuentes judiciales, se debe a que los cinco primeros están absueltos y el sexto, Anchía, recibirá una condena de dos años y seis meses de cárcel.

El complemento de ETA

La amplitud de las condenas hace suponer que la sentencia recogerá la mayor parte de los hechos probados defendidos por la Fiscalía. El Ministerio Público defendió en su informe de conclusiones que las cinco organizaciones enjuiciadas son parte de los diferentes «frentes sociales» de apoyo a la banda. «ETA -dijo- no está conformada sólo por la organización armada sino también por todos los anteriores frentes, controlados por el aparato militar». Su opinión es que se trata de unas estructuras que «camuflan» a la banda bajo «un manto de legalidad» y dificultan la persecución de sus miembros, pero cuyo único fin es «complementar a ETA».

KAS (por la que están procesados ocho de los acusados) tendría como función, siempre bajo la supervisión de ETA, la «desestabilización social e institucional a través de las organizaciones de masas» y «mantener la cohesión interna de los colectivos de deportados». EKIN, a la que pertenecerían 16 de los imputados, es la heredera de KAS y como tal se dedicaba a la «aplicación de la estrategia político-militar de ETA». Los militantes de EKIN -sostuvo el fiscal- tenían «el objetivo de hacer sufrir a todos aquellos que no participen de sus reivindicaciones», que son las de la banda terrorista.

XAKI, grupo en el que militaban siete de los imputados, tenía como propósito «conseguir los apoyos necesarios en el extranjero, que se habían echado de menos en las negociaciones con el Gobierno de España en 1989». En cuanto a Orain, la editora de Egin y en la que trabajaban 13 de los acusados, era el «frente cultural de ETA», «coordinado en torno a un grupo de comunicación y un entramado societario de edición y distribución mediática». Por último, la Fundación Zumalabe, a la que pertenecían nueve de los imputados, tenía como función, según la Fiscalía, «difundir la teoría sobre la propuesta desobediente de ETA».