Cuentas solidarias
El estudio sobre las balanzas fiscales de las comunidades autónomas entre 1991 y 2005, presentado por la Fundación BBVA, emplea una metodología que, por su solvencia, ofrece datos incontrovertibles. Del mismo puede extraerse la conclusión de que España cuenta con un sistema eficaz para la solidaridad y el equilibrio interterritorial. Y, junto a ello, invita a efectuar una reflexión serena pero ineludible sobre el papel que desempeñan las comunidades dotadas de regímenes especiales, sobre todo Euskadi y Navarra. El dato de que las autonomías más ricas resulten las más solidarias, y que las mayores receptoras de los dineros comunes sean las históricamente menos favorecidas, viene a confirmar que las balanzas tienden a contrarrestar las desigualdades territoriales y sociales. Sin embargo, la diferente valoración que del estudio y sus implicaciones se ha hecho por parte de responsables de distintas autonomías vuelve a indicar la necesidad de que, previo consenso académico y acuerdo en el Consejo de política fiscal y financiera, sea el ministerio de Economía el que aporte los datos y la interpretación precisa para que los españoles conozcan la verdad de las cuentas de la solidaridad en relación a las necesidades y a las inversiones y servicios; y que las distintas instituciones tengan que basarse en ellas para racionalizar sus demandas y aspiraciones. Aunque igual de urgente es establecer criterios comunes sobre los requisitos y los límites de la solidaridad para dejar atrás el discurso circular del agravio permanente.
Actualizado: GuardarEl hecho de que los madrileños aporten a las arcas comunes más del doble de lo que aportan los catalanes no anula la existencia de un déficit fiscal que penaliza a éstos y que se ha venido traduciendo en carencias en infraestructuras y servicios. Pero sí permite llevar la discusión a un terreno menos vindicativo. El nuevo Estatut pretende compensar ese desequilibrio equiparando las inversiones de los Presupuestos Generales en la comunidad catalana para los próximos siete años con la aportación de su PIB -el 18,85%- al PIB español. Pero esa fórmula anticipa las dificultades que pueden surgir de la diversificación de los criterios de financiación -población, territorio y PIB- introducida con la reforma de los estatutos. Por su parte, la vigencia constitucional de los conciertos económicos en el País Vasco y del convenio en Navarra no puede eludir la evidencia de que ambas comunidades cuentan con un superávit derivado de que su aportación a las arcas comunes no es proporcional a sus ingresos. Ello no debería conducir al cuestionamiento de los propios regímenes, pero sí al establecimiento de fórmulas que propicien una contribución más solidaria y justa por parte de las mismas al esfuerzo general de todos los españoles.
