El archivo del Yak-42

En relación con las primeras diligencias entiende el Juez Marlasca que no existen responsabilidades penales porque ha quedado acreditado que las causas del siniestro fueron «la falta de preparación concreta de la tripulación para aterrizar en aeropuertos como el de Trebisonda, así como de cursos de gestión de cabina». En relación con las segundas considera que las irregularidades detectadas «no encajan en el delito de falsedad documental y no revisten relevancia penal».

En mi opinión, la cuestión no queda resuelta con la ausencia de responsabilidad criminal en el accidente del Yak-42. He sufrido dos desagradables experiencias personales: en un avión civil Tupolev desde Madrid a Centroamérica, tuvimos que hacer una escala no anunciada en Terranova porque esa aeronave no tenia autonomía suficiente para poder sobrevolar el Atlántico en vuelo directo, y aún así, despegó. En otra ocasión un Airbus civil de quinta mano de la compañía afgana Ariana, incomprensible y temerariamente aterrizó en Kabul con el aeropuerto cerrado por mal tiempo, porque era menos arriesgado el aterrizaje en dichas condiciones que seguir permaneciendo en Kandahar -nido de los Talibán-, donde tuvimos que pernoctar en unas miserables condiciones. Así se las gastan algunas compañías de aviación del tercer mundo.

Estas circunstancias las deben conocer, -las conocen-, los responsables de la aviación civil y militar españolas. Estas circunstancias debieron haber extremado el celo inspector de las condiciones de vuelo del Yak-42, aunque las competencias de la inspección fueran de la OTAN, -cosa no aclarada-. Incluso la aviación civil española que ha salido de rositas en este asunto, tenia competencias no ejercidas sobre las condiciones de vuelo de un avión civil que despega de un aeropuerto español y que por ello debe cumplir las normas de la aviación civil internacional, aunque fuera para el transporte de personal militar. ¿O acaso los militares no tienen derecho a viajar en las condiciones de seguridad de la IATA?

Coincido pues, con el Juez Marlasca cuando afirma que «Cuestión distinta seria la de valorar la pertinencia o no de haber establecido mayores elementos de control por parte de las autoridades españolas». Siendo un avión ucraniano, por supuesto que si. De hecho la compañía propietaria del Yak-42 ya no tiene licencia para volar.

Sin embargo, lo que me interesa resaltar no son las negligencias penales o políticas del asunto, cosa sobre la que se ha escrito suficientemente. El accidente del Yak-42 tiene una dimensión no mencionada hasta ahora y que desgraciadamente es la raíz del problema. El accidente del Yak-42, en mi opinión, es la horrible consecuencia de la penosa situación económica en la que se encuentran nuestras Fuerzas Armadas, una situación de raquitismo presupuestario que obliga a asumir unos riesgos inaceptables e intolerables, al mismo tiempo que en otros ámbitos de la Administración se derrocha el dinero público a manos llenas.

Por otro lado, la ley del silencio impuesta a los miembros de las Fuerzas Armadas, impide que la información necesaria para la eficacia de nuestros ejércitos se transmita con la imprescindible fluidez. Prueba inequívoca es la anticonstitucional orden del Jefe del Estado Mayor del Aire prohibiendo a sus subordinados hacer declaraciones, incluyendo comentarios, opiniones u observaciones en torno al accidente del Yak-42. ¿Qué eficacia y operatividad cabe esperar de un Ejército que impide a sus miembros el análisis y la autocrítica, prohibiéndole expresar su profesional opinión sobre un accidente que le ha costado la vida a 62 de sus compañeros? En un Ejército en que algunos ascensos y muchos destinos y complementos retributivos son de libre designación y dependen de las calificaciones de los superiores, la ley del silencio es una trágica realidad. Tampoco podemos esperar que las altas jerarquías militares resuelvan el asunto: el Teniente General Alejandre denunció, -eso si, después de su cese-, que en el Ministerio de Defensa se ha impuesto el «Sí, Ministro». La cosa tiene mal remedio. Solicitar la reserva no es la peor opción.

A principios del 2003, el Jefe del contingente noruego en Afganistán se quejó a sus superiores de los Yak-42 de una forma que en el Ejército español seria inaudita «No aceptamos que nuestra seguridad se ponga en peligro solamente por cuestiones económicas/administrativas solicitamos una respuesta rápida a este escrito, como ultima fecha antes de 1 de marzo de 2003». En España, este escrito hubiera supuesto el fin de la carrera militar de cualquiera que lo firmara, y sin duda sancionado. Sin embargo en Noruega fue el motivo de la resolución del contrato de los Yak-42.

La oposición, oportunamente sacó tajada política del asunto, y quizás se haya resuelto el puntual problema del transporte aéreo de las tropas. Con el nuevo gobierno se produjeron injustos ceses con modos muy criticables, pero en absoluto ha resuelto los gravísimos problemas estructurales y operativos de nuestras Fuerzas Armadas. Por eso, cuando ocurrió el derribo del helicóptero Cougar en Afganistán en el año 2005, en el que fallecieron otros 17 militares, la reacción del Ministerio fue decepcionante, y para muchos profesionales las causas del derribo del helicóptero aun están por aclarar. La verdad oficial del viento racheado es increíble.

Por todo ello, en mi opinión, la tragedia del Yak-42 no fue un mero accidente previsible y evitable, sino un trágico fracaso del sistema diseñado en los últimos 30 años para nuestras Fuerzas Armadas, donde la penuria económica, la ley del silencio y el monopolio de la verdad oficial tienen atenazados a nuestros militares. Un trágico fracaso del complaciente y acrítico «Sí, Ministro».