Musharraf promete levantar el estado de excepción en 15 días en su investidura presidencial

Las presiones ejercidas sobre el presidente de Pakistán por la oposición y sus aliados extranjeros han surtido efecto. Pervez Musharraf se comprometió ayer a levantar el estado de excepción que rige el país el próximo 16 de diciembre durante el acto de investidura para su segundo mandato de cinco años, un día después de abandonar su puesto de jefe de las Fuerzas Armadas. Vistiendo su túnica tradicional oscura en lugar del uniforma militar, Musharraf anunció en un mensaje a la nación retransmitido por la televisión el restablecimiento de las garantías constitucionales, suspendidas el pasado 3 de noviembre.

En un discurso pronunciado tras la ceremonia de investidura, Musharraf pidió a la comunidad internacional que deje a Pakistán hacer las cosas a su manera. «Queremos democracia, queremos derechos humanos, queremos estabilidad, pero lo haremos a nuestro modo», subrayó. «Entendemos nuestra sociedad, nuestro entorno, mucho mejor que nadie en Occidente», agregó. Sobre su renuncia a la jefatura del Ejército, el presidente insistió en que tiene plena confianza en la «profesionalidad» y «calidad» de su sucesor, Ashfaq Pervez Kiyani, uno de los hombres más próximos.

Recordando la amenaza de la oposición de boicotear las elecciones legislativas de enero, Musharraf prometió que serán «libres» y «transparentes» y que «ocurra lo que ocurra» se celebrarán en la fecha prevista. «En verdad, hoy es un día histórico, es una etapa crucial en la transición de Pakistán hacia una democracia verdadera y completa», agregó.

Pero esta «transición hacia la democracia», que promete desde hace tiempo, concretamente desde su golpe de Estado 1999, ha comenzado estas semanas por un tortuoso camino. Fue necesario que Musharraf impusiera el estado de excepción para neutralizar a la Corte Suprema, que amenazaba con invalidar su reelección, destituyendo a los jueces contrarios a sus intereses, lo que provocó reacciones en el mundo y generó dudas sobre su sinceridad.

Los 160 millones de habitantes de la República Islámica de Pakistán, la única potencia nuclear del mundo musulmán, iniciarán así, por lo menos en teoría, un periodo de democracia normal, donde las funciones del jefe de Estado y del responsable del Ejército no sean desempeñadas por el mismo hombre. Con su renuncia a mantenerse al frente de las Fuerzas Armadas, Musharraf confirma su peculiar forma de entender los cargos institucionales. De hecho, tres años después de su alzamiento militar logró que la Justicia legalizara su golpe.

Oposición dividida

La oposición, por su parte, amenaza con boicotear las elecciones del 8 de enero, pero sus dos principales líderes, los ex primeros ministros rivales de los años 90, Benazir Bhutto y Nawaz Sharif, no logran ponerse de acuerdo. Sharif llama a deslegitimar los comicios, mientras que Bhutto no ha confirmado por ahora si saltará a la arena electoral. La ex primera ministra indicó ayer que ha mantenido contactos con Sharif y ambos piensan que deben «trabajar juntos e intercambiar puntos de vista» para afrontar la situación política. En las calles, la conflictividad tampoco cesa. Tanto los abogados como los periodistas seguían ayer con sus manifestaciones contra el presidente.

El alto representante de la Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Javier Solana, eludió ayer cualquier tipo de controversia y valoró el nombramiento de Musharraf como «un paso en la dirección correcta para la vuelta a la democracia» en el país. Solana reiteró su apoyo a la república islámica y recordó que es un importante aliado de la UE en muchos campos, incluida la lucha contra el terrorismo.