Detenido el alcalde y el jefe de Policía de Totana por la trama de corrupción
La Guardia Civil detuvo ayer en Totana (Murcia) al alcalde de la localidad, José Martínez Andreo, del PP; a la secretaria del Ayuntamiento, al jefe de la Policía Local y a un empresario hostelero. Todos ellos estarían presuntamente implicados en la trama de corrupción urbanística. Desde el PP señalaron que se trata de una retención, una figura que no existe en la legislación española. De confirmarse los arrestos serían diez las personas detenidas hasta el momento en esta operación.
Actualizado: GuardarAgentes de la Guardia Civil se personaron a primera hora de la mañana en el domicilio de Martínez Andreo y le trasladaron al Ayuntamiento, donde permaneció alrededor de once horas, mientras se procedía al registro de algunas dependencias municipales, entre ellas la concejalía de Urbanismo, de la que era titular el actual alcalde en la anterior legislatura.
Desalojo
Hasta el Consistorio totanero también fueron trasladados otros tres detenidos: la secretaria del Ayuntamiento, Laura Bastida; el jefe de la Policía Local, Alfonso Canales; y el empresario Pedro Martínez Ruiz, propietario de un hotel y una gasolinera en el municipio. Los funcionarios municipales fueron desalojados del centro mientras se practicaron los registros.
Hacia las siete de la tarde tres de los arrestados y el alcalde abandonaron el Ayuntamiento en vehículos de la Guardia Civil con destino desconocido. No hay que olvidar que el caso está bajo secreto de sumario. En el exterior se concentraron vecinos que lanzaron gritos a favor y en contra el primer edil, así como un grupo de concejales del Consistorio totanero y miembros de la ejecutiva local del PP para expresar su apoyo a Martínez Andreo.
El PP aseguró en un comunicado que actuará «de manera contundente, facilitando las investigaciones que sean necesarias para que, en todo momento prevalezca la verdad de los hechos, especialmente ante situaciones tan preocupantes» como las que se están produciendo en Totana.
El partido dice que mantiene la «tolerancia cero ante conductas que se demuestren irregulares o contrarias al buen hacer» de los más de 600 cargos públicos que tiene la región y afirmó que «aplicará la misma firmeza para erradicar conductas personales» que vayan contra el comportamiento ético de sus cargos y militantes.
