Las urbanizaciones ilegales deberán pagar sus propias infraestructuras

Una vez que se apruebe el Plan de Ordenación Urbana del Territorio, (PGOU), el Ayuntamiento realizará un estudio para determinar qué diseminados no han respetado los espacios comunes que marcan la ley.

Según fuentes municipales, los diseminados tendrían que haber contemplado un 10% para zonas verdes, un 2% para zonas deportivas, otro 2% para equipamientos educativos y un 1% para espacios sociales y comerciales.

Pero en las zonas fuera de planeamiento prácticamente todo el suelo ha sido ocupado por viviendas, por lo que ahora los vecinos se encuentran con el problema de que no cuentan con espacios libres para dotar a las urbanizaciones de estas infraestructuras imprescindibles para dotar de servicios las zonas.

Los vecinos tendrán que hacer frente a esta falta de previsión. En concreto, abonarán unas cantidades económicas, aún por determinar, a las arcas municipales, que se traducirán en aprovechamiento de suelo. El Ayuntamiento tendrá que adquirir solares en las inmediaciones de los diseminados, que han liquidado todo el terreno existente, para dedicarlos a la construcción del equipamiento público que viene establecido por ley.

En este proceso, según fuentes municipales, «siempre se completarán los estándares mínimos de equipamiento que marca el reglamento de planeamiento como zonas comunes».

Ahora bien, desde el área de Urbanismo se ha dejado claro que habrá que realizar un estudio pormenorizado para determinar qué zonas se verán afectadas, aunque ya hay expertos urbanísticos que aseguran que ningún diseminado ha respetado estos porcentajes.

De hecho, esta falta de previsión ya se detecta en algunas zonas, y ya son muchos los vecinos que comienzan a quejarse porque se encuentran «aislados de la ciudad» y tienen que desplazarse al centro para realizar cualquier gestión, ir al médico o al colegio.