Un proceso más lento que la vía penal
La demolición llevada a cabo ayer es el punto final a un largo proceso administrativo que inició el Ayuntamiento de Vejer cuando denunció la construcción en el año 2002 y lo puso en conocimiento de la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras Públicas. Se trata de un proceso distinto a los que están en curso en la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz, que van por la vía penal.
Actualizado:Pese a todo, el fiscal especializado en este área, Ángel Núñez, había sido informado ayer mismo por el propio director general del departamento sobre el derribo que se iba a efectuar, el cual no es el primero que se acomete tras una resolución administrativa en El Palmar.
La diferencia entre este procedimiento y el que se desarrolla por la vía penal es que el expediente administrativo tarda más en resolverse dado el largo camino que debe recorrer hasta llegar a un juzgado de lo Contencioso-Administrativo. De ahí que se recurra a la denuncia ante la Fiscalía para agilizar el procedimiento.
Este expediente viene refrendado por una sentencia de lo Contencioso, que según subraya Núñez están ya incorporando las demoliciones en sus dictámenes, algo que no ocurría antes.