El Constitucional rechaza de plano las recusaciones sugeridas por el PP y se desbloquea

El Tribunal Constitucional rechazó hoy de plano la recusación contra tres magistrados progresistas presentada en octubre pasado por el PP porque carece de base legal. El tribunal , por ocho votos contra dos, concluyó, sobre las nueve de la noche, que las impugnaciones contra Pascual Sala, Pablo Pérez Tremps y Manuel Aragón no tienen sentido y están apoyadas en hechos falsos, por lo que ni siquiera las admitieron a trámite.

El pleno, de esa manera, logra el desbloqueo de su funcionamiento al recuperar el quórum mínimo de ocho miembros que le permite reunirse y tomar decisiones.

Los diez magistrados del pleno, con la única oposición de Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, los juristas conservadores que están recusados por el Gobierno, dieron ayer, tras tres horas de reunión, un varapalo al PP, partido que dejó pasar la semana pasada la oportunidad que le ofreció el tribunal para retirar las impugnaciones, se reafirmó en ellas e incluso se permitió dudar en sus alegaciones de la palabra de los seis magistrados que, en una carta, adelantaron que las sospechas contra sus compañeros eran falsas.

Los dos magistrados que han defendido a capa y espada las tesis populares a lo largo de todo el proceso anunciaron la presentación de sendos votos particulares que, como el contenido de la resolución de la mayoría, no se conocerán al menos hasta este miércoles.

Sin consistencia legal

La falta de consistencia legal de las recusaciones populares, vividas en el tribunal como un auténtico intento de bloqueo, han unido por primera vez desde hace meses en una votación a los cinco magistrados progresistas y a tres de los conservadores, convencidos de que se trataba de una estrategia política, que sólo buscaba contrarrestar las dos recusaciones del Gobierno y evitar que el pleno volviese a ser controlado por los juristas progresistas.

El Partido Popular, con el único apoyo de un artículo de prensa, defendía que los tres magistrados progresistas estaban inhabilitados para tratar un recurso porque ya anticiparon su visto bueno a la norma recurrida en una reunión celebrada en junio pasado, en la que también participaron la presidenta, el vicepresidente y el magistrado conservador Ramón Rodríguez Arribas. Sin embargo, los seis magistrados presentes en la reunión, los únicos conocedores reales del diálogo, firmaron una carta el pasado 29 de octubre en la desmienten que los tres compañeros impugnados expresasen opinión alguna sobre la reforma en esa reunión.

Garantía

El rechazo de las recusaciones del PP permite desbloquear el funcionamiento del pleno porque garantiza que, aunque en próximas días se aceptasen las dos impugnaciones del Ejecutivo, el órgano constitucional contará siempre con el quórum mínimo de ocho magistrados necesario para poder reunirse y adoptar resoluciones. Con el quórum resuelto, el pleno podrá por fin entrar a discutir si admite o no a trámite el recurso de los populares que desató toda esta polémica: la demanda contra la reforma legal que prorroga de forma automática el mandato de la presidenta del tribunal -concluido en junio- hasta que se produzca la renovación de la institución, que la ley prevé para el próximo diciembre. Sin embargo, la renovación no será posible hasta después de las elecciones de marzo por el enconamiento de la lucha partidista y a la inminente disolución del Parlamento.

La reunión del pleno del Constitucional para discutir las dos recusaciones planteadas por el Gobierno contra García-Calvo y Rodríguez-Zapata aún no tiene fecha, pero se producirá antes de la semana próxima. El Ejecutivo considera que ambos magistrados están «contaminados» por haber enviado en junio pasado a la presidenta una carta en la que le exigían su inmediata dimisión y en la que anticipaban ya su «profunda discrepancia» con la norma recién aprobada, sobre cuya legalidad ahora tienen que pronunciarse.

El pleno que se reúna para resolver las recusaciones gubernamentales podría estar formado sólo por ocho miembros y quedar excluidos de la discusión los magistrados impugnados, como es costumbre siempre que no peligra el quórum. De ser así, la composición sería de cinco juristas de tendencia progresista y tres conservadores.