Chequeo agrícola
Los nuevos desafíos que suponen para la Unión Europea el considerable peso agrícola de algunos de los miembros de reciente incorporación, la progresiva complejidad de la estrategia de subvenciones y la necesidad de encarar los retos derivados del cambio climático y de la conservación de la biodiversidad han llevado a la Comisión a abrir una fase de consultas para reformar la Política Agraria Común. El debate se prevé largo y complejo, como corresponde a la relevancia de un sector en el que revierte el 40% del Presupuesto comunitario y sobre el que pesan notables intereses nacionales. A lo largo de seis meses, los 27 estados de la UE deberán fijar las bases de una modernización que garantice una agricultura multifuncional, sostenible y competitiva en todo el territorio europeo. Pero que, al tiempo, sea capaz también de preservar el espacio natural, contribuyendo a la vitalidad del mundo rural, y que responda a las exigencias de los consumidores en cuanto a calidad y protección del medio ambiente.
Actualizado: GuardarEl análisis sobre la eficacia de las ayudas directas al campo y su simplificación se perfila como uno de los debates más controvertidos que deberán encarar los países miembros. Los criterios para la concesión de subvenciones en función de la producción o de la extensión de las explotaciones se encuentran en entredicho frente a un modelo que busca un ajuste más perfeccionado a las necesidades específicas de las distintas regiones. En España, el apoyo a la agricultura a pequeña escala pero con especial importancia medioambiental resulta ineludible, mientras que parece preciso limitar las subvenciones vinculadas a las hectáreas con independencia de la producción tanto por su ineficacia agroambiental, como por el desigual beneficio que proporcionan. La intervención en los precios, la regulación de las cuotas lácteas y la eliminación de obligaciones superfluas para los agricultores afloran también como cuestiones clave de las que dependerá la configuración de una agricultura europea más eficiente. Además de defender los intereses propios, la Administración española tiene ante sí la posibilidad de propiciar una reforma que mejore la gestión del espacio rural comunitario, ayude a frenar el declive de la actividad agrícola en algunas áreas y el cultivo intensivo en otras, contribuya a combatir el cambio climático y asegure recursos escasos como el agua.
