El cuatripartito anuncia tres comisiones para investigar al Gobierno anterior

El próximo jueves, en la sesión plenaria ordinaria de noviembre, los 25 concejales de la Corporación municipal deberán votar sí o no a la creación de las tres Comisiones Especiales de Investigación que anunciaron ayer los cuatro partidos que gobiernan en coalición en Chiclana.

El resultado favorable está asegurada merced a la mayoría absoluta que poseen los concejales de PP, IU, PA y PSA (el PSOE en la oposición aun no se ha pronunciado). Un vez aprobada la medida, será la Secretaría General del Ayuntamiento la que ponga en marcha estas comisiones de investigación, que nunca antes se habían aprobado en la localidad.

En las tres comisiones se tratará de «arrojar luz y conocer todo lo posible» sobre sendos asuntos espinosos de la última legislatura, como fueron el nombramiento del ex Jefe de la Policía Local, Manuel Romero Rubiales, la concesión de licencias y posterior construcción del Hotel Los Gallos y el proceso seguido para llevar a cabo la electrificación de las viviendas ubicadas en suelo no urbanizable en la zona de Los Llanos.

En los tres temas, según el alcalde de Chiclana, Ernesto Marín, «hay indicios suficientes como para investigar». Lo que habrá que ver ahora es si estas tres comisiones «eminentemente de políticas», traen o no consecuencias jurídicas e incluso penales para quienes tomaron las decisiones en su momento.

Lo que está claro, como dejaron patente ayer los portavoces de los cuatro partidos que sustentan al cuatripartito en presencia del primer edil, Ernesto Marín, es que «éste es el momento adecuado para investigar y cumplir uno de los compromisos de este Gobierno con los chiclaneros, como es garantizar que se conozca toda la información y se dé la máxima transparencia a la gestión».

De momento, el equipo de Gobierno está a la espera de que el PSOE «apoye la creación de las comisiones y contribuya, como dice, a levantar las alfombras».

Las tres comisiones estarán formadas por cuatro miembros del PSOE, tres del PP, dos de IU, uno del PA y otro del PSA, y será la Secretaría General quien fije el calendario de sesiones y su desarrollo y quien argumente jurídicamente si es posible llamar a declarar a políticos, funcionarios municipales o técnicos sobre cada una de estas cuestiones, «que podrán no ser las últimas que se investiguen para comprobar su legalidad», añadió Marín.

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