Seis detenidos en el registro de varias clínicas abortivas en Barcelona por posibles prácticas ilegales

La Guardia Civil ha practicado seis detenciones, al menos, en clínicas de Barcelona que practican abortos y que están siendo registradas desde primera hora de la mañana ante la sospecha de que pueden haber realizado interrupciones ilegales del embarazo. Entre los detenidos, figura el máximo directivo de las mismas, el cirujano peruano Carlos Morín.

Al mismo tiempo, la Guardia Civil, que actúa por orden judicial, está procediendo a retirar de las oficinas de las clínicas que se están investigando decenas de cajas con documentación sobre los embarazos interrumpidos en estos centros. Entre los centros que se están investigando se encuentran Emecé, Ginemedex, así como CBM y la Clínica Barnamedic, que forman parten del grupo Barnamedic, que dirige Morín.

La operación policial se está llevando a cabo en colaboración con la Fiscalía de Cataluña y un Juzgado de Instrucción de Barcelona, que ha decretado el secreto del sumario. La investigación, iniciada a raíz de la querella presentada hace poco más de un año por la organización cristiana e-cristians, tiene como objetivo esclarecer si en alguno de estos centros se han practicado abortos no recogidos en los supuestos que prevé la ley española y que son considerados ilegales.

El responsable de e-cristians, Josep Miró Ardevol, ha explicado que la querella, que fue aceptada a trámite por el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona el pasado julio, iba contra el doctor Carlos Morín por practicar presuntamente abortos ilegales en cinco clínicas de Barcelona (TBC, EMECE, Ginemedex, CBC y Clínicas Barnamedic). Se basaba en las informaciones recogidas en un reportaje de la televisión pública danesa, que denunció que se practicaban abortos a mujeres embarazadas de más de 30 semanas, así como en otro trabajo periodístico elaborado por el británico Daily Telegraph.

Salud cerró los expedientes abiertos

Por otro lado, el departamento de Salud ha informado de que el pasado verano cerró los expedientes abiertos a estas clínicas al comprobar que las interrupciones voluntarias del embarazo que se llevaban a cabo se ajustaban a la ley y que los centros disponían de autorización para ejercer.

Aunque la instrucción de estos expedientes evidenció algunas "irregularidades administrativas" que ya fueron sancionadas con multas económicas de 3.000 euros, aunque "en ningún caso se pudo comprobar las supuestas prácticas ilegales denunciadas".

Estas irregularidades detectadas consistieron en "defectos de forma y administrativos", como la falta de detalle suficiente en la información clínica de las historias revisadas, la falta de registro de algunas intervenciones en los libros de quirófano o la modificación de espacios físicos por obras sin la correspondiente autorización.

"Hay que remarcar que todos los centros que realizaban la interrupción voluntaria del embarazo regulada por la Ley disponían de la perceptiva autorización del departamento de Salud", ha subrayado la conselleria.

El departamento ha enviado toda la documentación referente a estos expedientes cuando le ha sido solicitada por el juzgado.

Protección de los datos personales

Tanto la Fiscalía como el TSJC han asegurado que los datos personales de las usuarias de las clínicas no serán revelados, si bien el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Solamente se incorporarán a las diligencias judiciales aquellos historiales clínicos en los cuales "aparezcan fundamentados motivos de imputación".

Además, tanto el juzgado como la Fiscalía consideran que han actuado con "la debida independencia e imparcialidad" sin "entrar en ninguna de las consideraciones de tipo ideológico" de diferentes sectores sociales. La juez que lleva el caso, Elisabeth Castelló, ha decretado el secreto de las actuaciones.

Fuentes próximas a la investigación han apuntado que el juez que instruye el sumario podría haber tenido en cuenta además el testimonio de un ex empleado de alguno de los centros de Morín, que habría aportado información relativa a presuntos abortos ilegales. El Colegio de Médicos de Barcelona desestimó el pasado mayo abrir un expediente sancionador al mencionado doctor por no ver motivos para ello.