Las protestas contra la nueva Constitución boliviana acaban teñidas de sangre

La nueva Constitución que el presidente de Bolivia, Evo Morales, prometió para «refundar» el Estado se ha convertido en un parto extremadamente difícil. Una violenta batalla campal saldada con tres muertos y 130 heridos recibía la madrugada ayer el texto aprobado «en grande» -únicamente con la lectura del índice- sólo por 136 legisladores oficialistas de los 255 constituyentes que componen la cámara, ya que la oposición no estuvo presente. Para ser legal, deberá ser revisada y votada «en detalle, artículo por artículo» en una fecha todavía sin determinar.

Ante la sangrienta trifulca, Silvia Lazarte, presidenta de la Asamblea Nacional (AN), ordenó suspender la sesión hasta nuevo aviso. En medio de la noche, los asambleístas tuvieron que ser rescatados de la institución militar de Sucre, donde llevaran a cabo la votación. La cámara llevaba tres meses sin reunirse por presiones de la oposición.

Desde el viernes, centenares de opositores se manifestaron frente al recinto -un centro militar- para impedir la votación. Conforme las pedradas, los neumáticos incendiados, las balas de goma y las medidas antidisturbios arreciaban, la Policía -apoyada, según el diario 'La Razón', por simpatizantes del oficialismo- levantó un cerco para defender el edificio.

Durante los choques del sábado murió el abogado de 29 años Gonzalo Durán por una herida de bala. Otro joven pereció a causa de «un traumatismo» en el tórax. Mientras, el Gobierno pidió «calma» y negó que los antidisturbios hubieran usado munición letal. Sin embargo, eso no calmó los ánimos y ayer una turba linchó a un policía hasta la muerte.

Investigación

Poco después, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que se había «ordenado a los agentes que se mantengan en sus unidades y que no salgan a las calles ( ) Por lo tanto los ciudadanos no verán Policía en las calles». El Ejecutivo también «lamentó» las muertes y aseguró que llevará a cabo «una investigación imparcial» para depurar responsabilidades. Según Quintana, el presidente estaba «muy preocupado» por la violencia desatada. En un discurso de casi media hora que fue retransmitido por radio y televisión el mandatario indígena achacó los disturbios a grupos de delincuentes.

La oposición, liderada por el ex presidente (2001-02) y ex candidato presidencial de Podemos, Jorge 'Tuto' Quiroga, declaró «el luto por la democracia» y manifestó su pesar por la Constitución que se aprobó «bajo fusiles» en un cuartel militar. «Se siguió el mal ejemplo» del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y se ignoró a medio país para regar con «sangre en las calles», añadió Quiroga. El político pidió la presencia de una misión de la OEA y de otros países para que analicen los sucedido y medien en el conflicto.

Esta última tanda de choques comenzó por el rechazo a que se llevara a cabo la sesión de la Asamblea Nacional en un recinto militar y sin presencia de la oposición. Luego, se unieron miles de ciudadanos de Sucre que exigen el traslado desde La Paz a su ciudad de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Y eso que la mayoría desconocía que el texto aprobado en el recinto militar reconocía a Sucre como capital de la Corte Nacional Electoral, y le daba el nombre de Cuarto Poder del Estado.

Antagonismo

Sin embargo, en el antagonismo entre oficialismo y oposición inciden otros aspectos, que vienen de antiguo pero que están relacionados con los cambios radicales en algunos campos, que Morales pretende introducir y que afectan directamente a los 'oligarcas'. Por una parte, existe la tensión entre las regiones oriental y occidental que se concreta en la rivalidad entre Santa Cruz, la ciudad más boyante del país del altiplano, y La Paz.

La irrupción de Morales, ex líder cocalero indígena, y su discurso de izquierdas -amenazador para el empresariado cruceño- y nacionalista no ha hecho más que arreciar el activismo de los conservadores de esa ciudad, que se ha convertido en el centro de la oposición conservadora.

La pelea por la capital es otro conflicto que se remonta a comienzos del siglo pasado, cuando los poderes Ejecutivo y Legislativo fueron trasladados a La Paz. La Administración de Morales tiene otro reto: la mayoría de los gobiernos regionales no se reconocen en su estilo no tradicional. Además, también ha tenido que lidiar con el descontento entre sus propias filas, tanto por el antagonismo entre cooperativistas y mineros, o diferencias dentro de los cocaleros que no se conforman con la limitación decretada de los cultivos.