Atajos al ladrillo

La propuesta realizada a la Junta por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias de (FAMP) de flexibilizar la aplicación de Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en los municipios de menos de 10.000 habitantes ha vuelto a poner sobre la mesa los problemas que están teniendo los municipios andaluces para adaptarse al complejo marco legal que ha traído la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y el propio POTA.

La FAMP y los empresarios aseguran que las restricciones del POTA, que obligan a todos los municipios a no aumentar su suelo urbanizable en más de un 40% y su población en un 30% en ocho años, hacen imposible cumplir las cuotas de viviendas de protección oficial que fija la propia LOUA y que el Gobierno andaluz quiere impulsar a través del Pacto de Vivienda. Esta es la razón formal de «flexibilizar», en palabras del portavoz del gobierno andaluz, Gaspar Zarrías, la aplicación del POTA.

Pero al mismo tiempo, la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, aseguró esta semana en Barbate que los porcentajes del 30 y 40% no se van a modificar, que la propuesta de la FAMP está «en estudio» y que el propio POTA tiene recursos para fomentar el «reequilibrio» territorial andaluz, que vinculó directamente a los equipamientos con los que cuentan los municipios.

Fuentes de la Consejería de Obras Publicas aseguran que todos los municipios con planes en vigor «podrán concluir su desarrollo aprobado en su momento» sin tener que adaptarse al POTA. Eso sí «cualquier nueva modificación deberá adaptarse a la norma», advierten.

Respecto a la LOUA, promulgada en 2003 y para la que se dieron cuatro años para su adaptación, la situación es parecida. «Aunque lo ideal es la adaptación lo que estaba ya aprobado es lo que se necesita y se mantiene», pero igualmente cualquier modificación tendrá que respetar ambas normas. En Cádiz sólo Bornos y Trebujena se han adaptado de forma definitiva, mientras que Conil cuenta con una aprobación inicial de la Junta para su adaptación.

La realidad es que la conjunción de ambas leyes «ha causado un gran trastorno», según el arquitecto y experto en urbanismo José Manuel Izquierdo, del bufete especializado LEX-Urban. «La LOUA establecía una fecha tope para adaptarse, a partir de la cual ninguna modificación puntual sería aceptada. Una situación poco ortodoxa», explica. «Muchos municipios que no podían crecer más se pusieron a revisar sus planeamientos, pero sobre la marcha se encontraron con el POTA», continúa Izquierdo, para quien el problema es que los criterios «no han estado nunca claros». «Además el establecer unos criterios únicos ofrece problemas. Un pueblo de la Sierra quizás no necesita crecer más de un 5%, mientras que a municipios que han sido muy incumplidores y tienen muy poco suelo, se les da un margen amplio. Y luego está el problema de que con los criterios fijados, muchos convenios para hacer viviendas de protección no se pueden hacer», remata este especialista.

«Es muy razonable que no se compute en el crecimiento el suelo industrial», afirma Izquierdo, para el que la solución es fijar un marco jurídico claro «para que todo el mundo sepa qué se puede hacer», porque la situación actual es de «colapso técnico». «No se puede perder ni un minuto más, porque la aprobación del POTA y de los planes subregionales ha sido largamente esperada y su aprobación afecta a toda la sociedad», concluye.

Cinco municipios gaditanos de menos de 10.000 habitantes (Alcalá del Valle, Benalup-Casas Viejas, Paterna, Villaluenga y Jimena) están en proceso de adaptación de su PGOU y podrían verse afectado por la «flexibilización». Alguno, como Alcalá, no va a esperar a que la Junta tome una decisión en firme. Otros municipios se mantienen expectantes pero la petición es unánime: unas reglas de juego claras.