Industrializar sin suelo industrial
L a gestión de la crisis de Delphi, el posterior cierre de la factoría de automoción, el plan de formación para los trabajadores despedidos y el proyecto de reindustrialización de la Bahía de Cádiz han destapado una alarmante imprevisión y falta de eficacia por parte de las administraciones públicas con competencias en el desarrollo empresarial y laboral, es decir, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central a través del Ministerio de Trabajo. Primero se infravaloró la gravedad del asunto cuando Delphi anunció su intención de marcharse de Puerto Real; luego el plan de formación se retrasó hasta el punto de que miles de empleos que se generarán en los próximos meses en el sector de la aeronáutica no podrán ser ocupados por parados de la Bahía por falta de cualificación, y ahora se pone en marcha a toda prisa un millonario plan de reindustrialización y resulta que muchas empresas no pueden iniciar proyectos porque falta suelo industrial. Este despropósito dificulta aún más que la provincia retome la marcha tras el varapalo de Delphi.
Actualizado:Esta indefinición de la gestión pública genera una inseguridad que obstaculiza el dinamismo económico. En vez de abrir puertas, se dejan cerradas en un laberíntico discurso político que demasiadas veces destila electoralismo. No es la primera vez que los empresarios se quejan de esta inseguridad por la falta de agilidad en la toma de decisiones. El propio Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (Pota) o el Decreto del Golf son dos buenos ejemplos de cómo la indecisión del legislador pone freno a desarrollos socioeconómicos. Es evidente la necesidad de regular sectores tan estratégicos como la vivienda, la construcción, el turismo o el empleo, pero también es preciso recordar que cuando un gobierno decide intervenir debe hacerlo para ofrecer seguridad a los que operan en dicho sector y, especialmente, a los ciudadanos.
El hecho de que se anuncie una inversión de cien millones de euros para la reindustrialización de la Bahía y no se caiga en la cuenta de que no hay suelo industrial donde puedan instalarse las empresas es, a todas luces, incomprensible. Y también lo es que la oposición política, tanto el PP como Izquierda Unida, no hayan denunciado esta situación y también se hayan perdido en la descalificación política, tan vacua como ineficaz.
Es urgente que los hechos tomen el protagonismo que ahora tienen las palabras. No es suficiente el argumento de que el Polígono de Las Aletas -queda al menos un lustro para su puesta en marcha a un rendimiento óptimo- será la salvación, porque en este aún largo camino se puede quedar fuera o marcharse muchas inversiones. Es vital que la Junta de Andalucía y los ayuntamientos implicados agilicen un estudio sobre las necesidades de suelo industrial y pongan en disposición los terrenos necesarios. Al mismo tiempo, se deberán establecer los mecanismos para que las ayudas a la industrialización y las subvenciones públicas a las empresas para su instalación en polígonos industriales estén controladas para evitar la especulación o aquellos proyectos que sólo buscan beneficiarse de la conyuntura del subsidido sin vocación de futuro. La máxima «no des agua, sino un pozo», es de perfecta aplicación en este caso, porque el ciudadano tiene la sensación de que un proyecto tan estratégico para el futuro de la Bahía de Cádiz no se puede gestionar ni con frivolidad ni desconocimiento. Y mucho menos con la mentalidad cortoplacista que a veces exhiben los administradores públicos.