Los juzgados arrastran año tras año más de 50.000 causas pendientes de resolución

La lentitud de la justicia dejó de ser noticia hace mucho tiempo, pero si se hace un análisis detenido sobre la actividad judicial en la provincia se comprende que pese al arduo trabajo que puedan hacer funcionarios y jueces y de la creación de nuevos órganos, el gran enemigo a batir es la decena de miles de causas que quedan pendientes de resolver año tras año y que impiden una ágil administración de la justicia; con el consiguiente malestar de los ciudadanos que ven cómo se eternizan sus procedimientos.

Los últimos datos actualizados de los que dispone el Consejo General del Poder Judicial se refieren al segundo trimestre de este año. Ese periodo se cerró con 60.412 asuntos sin resolución judicial en la provincia, que está repartida en más de una decena de partidos judiciales. Pese a ese notable volumen de casos que ya están en los juzgados, pero que no han sido resueltos aún, los diferentes órganos gaditanos lograron terminar más causas de las que recibieron en esos tres meses. Así, fueron 54.262 los casos que llegaron a los diferentes juzgados y secciones de la Audiencia Provincial y se cerraron 54.788. Es decir, que aunque se logró dar carpetazo a más casos de los que llegaron -teniendo en cuenta además que se crearon nuevos juzgados-, el atasco permanente que se ha generado año tras año, impiden una correcta celeridad en los procesos.

Acumulación

La comparación de la carga de trabajo asumida en el primer trimestre y a lo largo del segundo evidencia que con el paso de los meses, ese volumen de asuntos que quedan pendientes va creciendo, al menos en lo que se refiere al presente ejercicio. Así, los tres primeros meses del año concluyeron con 56.341 causas en trámite; mientras que tras cerrar el siguiente trimestre, ese mismo apartado arrojaba la cifra de 60.412 asuntos en tramitación.

Pero ese trabajo pendiente se arrastra desde hace años. Si se echa la mirada hacia atrás en las estadísticas judiciales por territorios, se observa que el año 2004 se cerró con 59.376 asuntos pendientes. 12 meses antes se concluyó el ejercicio con 64.958 causas sin resolver. En los años sucesivos, ese mismo capítulo dentro de la actividad judicial ha dejado cifras que oscilan entre los 50.000 y los más de 60.000 casos pendientes de resolución.

Este colapso permanente en el que se debate la administración de justicia afecta de igual modo a la capacidad de ejecución de las sentencias. Es decir, que después de dictarse un fallo pueden discurrir meses hasta que llegue a materializarse.

También en este caso, a lo largo del segundo trimestre -al igual que el periodo que le antecede- los diferentes órganos judiciales resolvieron y ejecutaron más sentencias que las que se dictaron. En total, se alcanzaron 7.488 dictámenes y se resolvieron 8.397. Pero la estadística queda por completo descuadrada si se acude al dato sobre el total de fallos judiciales que quedan pendientes de una ejecución: 47.918. Una cifra que además es levemente más alta que la registrada al término del primer trimestre, cuando quedaron sin materializar 42.687 fallos.

Por tipo de juzgados y jurisdicciones, los que presentan un volumen de trabajo atrasado más importante son los de Primera Instancia e Instrucción, los de lo Penal, Menores y Violencia contra la Mujer (estos dos últimos dentro de la rama penal). También es cierto que son los que ingresan más casos al ser los órganos que resuelven los conflictos más cotidianos, y que todos ellos están resolviendo más asuntos de los que asumen a diario, a excepción de los penales y los de Primera Instancia, que presentan una media de resolución por debajo de la media de ingreso.

Problema nacional

Mención aparte merecen los seis juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que reciben menos casos de los que se le quedan en tramitación al finalizar el periodo. Así, en el segundo trimestre ingresaron 3.801 casos y se quedaron sin revolver al concluir el tercer mes, 4.504 casos. La complicada situación por la que atraviesa esta jurisdicción en todo el país está generando una sucesión de propuestas, desde diferente ámbitos judiciales, para paliar el gran colapso del que incluso se ha hecho eco en Andalucía el propio Defensor del Pueblo Andaluz, como es la petición de una mayor especialización. Sólo un dato: se están señalando juicios con dos años vista para dirimir conflictos entre los ciudadanos y la Administración.

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