Dudosos motivos sociales

Uno de los casos más claros de permisividad por parte del anterior equipo de Gobierno fue la promoción de Los Perales que en junio de 2005 fue precintada y posteriormente desprecintada por el entonces edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez.

Un promotor chiclanero levantó 14 chalés en suelo no urbanizable que estuvieron amenazados de derribo, ya que el responsable de Urbanismo se negó a que entraran en el proceso de legalización del resto del diseminado, algo que finalmente no cumplió alegando «motivos sociales». El edil aseguró entonces que las familias habían adquirido los inmuebles «de buena fe», por lo que propuso la regularización de la promoción.

Pero fuentes consultadas por este medio aseguran que la decisión política no fue la adecuada. En este sentido, la medida correcta hubiera sido enviar los informes a la Fiscalía para proceder al derribo de las edificaciones ilegales y haber exigido, por tanto, al promotor que devolviera las cantidades económicas invertidas por los propietarios.

Además, todo apunta a que en este caso concreto los chiclaneros también optaron por el proceso de falsedad documental. En origen, los terrenos eran dos fincas registrales, por lo que el promotor, antes de vender las catorce viviendas, tuvo que proceder a declarar la obra nueva y la división horizontal.

Siguen actuando

Pero a pesar de la dureza con la que el Partido Popular ha tomado las riendas del área de Urbanismo, los promotores continúan actuando en El Puerto. De hecho, algunos siguen ofreciendo viviendas a estrenar en zonas fuera de planeamiento a cambio de ceder el inmueble habitual en el que reside el posible comprador de la vivienda ilegal.

En la mayoría de estos casos se pone en práctica este sistema bautizado como Obra Nueva, consistente en la regularización de inmuebles ilegales mediante el certificado de un técnico que acredita una antigüedad suficiente en las construcciones para la prescripción de la irregularidad (que vence a los cuatro años) y que, por otra parte, permite a los titulares la solicitud de un préstamo hipotecario.

Por el momento, el Ayuntamiento ya ha remitido a la Fiscalía provincial un total de 30 casos de Obra Nueva.