Además de la Ley
La celebración mañana del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres permitirá situar en primer plano la tragedia cotidiana que sufren millones de ciudadanas de todo el mundo, acorraladas en su indefensión y desigualdad por las formas más destructivas de maltrato. Se calcula que una de cada tres mujeres ha sido golpeada en alguna ocasión, forzada a mantener relaciones sexuales o sometida a otros abusos. Un drama que resulta aún más sobrecogedor cuando se comprueba, según las estadísticas de la OMS, que el 70% de las mujeres asesinadas que se contabilizan lo son a manos de sus parejas, en el entorno convivencial en el que debe primar la complicidad del amor y el respeto. La brutal quiebra de esa intimidad se ha cobrado la vida de 69 mujeres en España en lo que va de año, una cifra que se aproxima inquietantemente a las 77 de 2006. En los últimos días, una joven rusa de 30 años y una jubilada cántabra de 76 han sido asesinadas presuntamente por quienes fueron o eran sus compañeros sentimentales, sobre los que pesaban sendas prohibiciones de acercarse a ellas. Ambos crímenes certifican cruelmente las carencias a las que se enfrenta la Ley de Medidas de Protección Integral contra la violencia doméstica, tres años después de su promulgación.
Actualizado:El entramado institucional de apoyo a las víctimas ha redundado en la condena de 50.086 agresores y en la extensión de una conciencia colectiva de repudio del maltrato, pero sin que haya conseguido frenar la terrible cadencia de muertes. El asesinato de Svetlana Orlova, que ha urgido al Gobierno a reunirse con las cadenas de televisión, evidencia una peligrosa banalización de las consecuencias muchas veces irremediables de la violencia, cuyo descarnado tratamiento en los medios puede estar contribuyendo paradójicamente a relajar el necesario compromiso ciudadano para combatirla. Las denuncias, aún insignificantes en el entorno de las víctimas, constituyen la herramienta esencial para que el sistema pueda responder eficazmente.
Pero a partir de ahí, los poderes públicos deben dedicar esfuerzos más diligentes para evitar que aquellas mujeres supuestamente protegidas por órdenes de alejamiento no acaben asesinadas; garantizar el adecuado acceso a la información, imprescindible para amparar a las mujeres inmigrantes o en situaciones más desfavorecidas; y asegurar que las agredidas cuentan con la atención precisa de abogados, forenses y servicios asistenciales para poder encarar la defensa legal frente a su agresor y reconstruir su propia vida. El perfeccionamiento de los mecanismos de prevención y protección es una exigencia ineludible. Pero sus lagunas nunca podrán cubrirse con iniciativas unilaterales y de dudosa legalidad, que cuestionan la propia capacidad de reacción del Estado de Derecho conforme a sus reglas, como la publicación de los nombres de los maltratadores condenados auspiciada en su día por José Bono en Castilla-La Mancha y adoptada ahora por el Ayuntamiento vizcaíno de Barakaldo.