El Constitucional, dispuesto a rechazar las tres recusaciones del PP para desbloquear el tribunal

Una mayoría suficiente de los magistrados del Tribunal Constitucional son partidarios de rechazar de plano la recusación presentada por el Partido Popular contra tres de ellos, adscritos al sector progresista, porque entienden que carece de base alguna que permita siquiera admitirla a trámite. El rechazo podría producirse este lunes, aunque el principal partido de la oposición maniobró ayer e hizo llegar a la corte un nuevo escrito en el que reclama que su pretensión sea estudiada junto a la del Gobierno, que recusa a su vez a dos magistrados de tendencia conservadora.

El rechazo de las recusaciones del PP permitirá desbloquear el funcionamiento del pleno porque garantiza que, incluso aunque se acepten las impugnaciones del Ejecutivo, el órgano contará con el quórum mínimo de ocho magistrados necesarios para poder adoptar resoluciones. Asegurada esa condición, el pleno podrá por fin entrar a discutir si admite o no a trámite el recurso de los populares contra la reforma legal que prorroga de forma automática el mandato de la presidenta del tribunal -concluido en junio- hasta que se produzca la renovación de la institución que la ley prevé para el próximo diciembre, aunque no será posible hasta después de las elecciones generales de marzo, debido al enconamiento de la lucha partidista y a la inminente disolución de las Cortes.

Recusaciones

Los diez magistrados que en estos momentos constituyen el pleno -la presidenta y el vicepresidente se han abstenido por estar concernidos por el recurso- se reunirán el lunes, a partir de las diez y media de la mañana, con la solución a las recusaciones del PP como único punto del orden del día. En la deliberación participarán los tres juristas impugnados, pues de modo contrario no habría quórum para celebrar la reunión y se paralizaría el funcionamiento del tribunal.

La intención de la mayoría de los magistrados, según fuentes del tribunal, es rechazar de plano las tres impugnaciones porque se basan en hechos inciertos. El PP, con el único apoyo de un artículo de prensa, defiende que los tres magistrados progresistas están inhabilitados para tratar el recurso sobre la citada reforma legal porque ya anticiparon su visto bueno a la norma en una reunión celebrada en junio pasado, en la que también participaron la presidenta, el vicepresidente y el magistrado conservador Ramón Rodríguez Arribas. Sin embargo, los seis magistrados presentes en la reunión, los únicos conocedores reales del diálogo, firmaron una carta el pasado 29 de octubre en la desmienten que los tres compañeros impugnados expresasen opinión alguna sobre la reforma en esa reunión.

La no admisión de las recusaciones del PP podría unir, por primera vez en mucho tiempo, a conservadores y progresistas y alcanzar una mayoría cualificada de entre siete y ocho de los diez miembros pleno. Los únicos magistrados que parecen decididos a defender a toda costa las tesis populares son Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, ambos recusados por el Gobierno dentro de esta misma causa.

El Ejecutivo les considera «contaminados» por haber enviado en junio pasado a la presidenta una carta en la que le exigían su inmediata dimisión y anticipaban ya su «profunda discrepancia» con la norma recién aprobada, sobre cuya legalidad ahora tendrían que pronunciarse.

La mayoría del pleno anticipó ya su postura cuando hace unas semana, antes de entrar a discutir las recusaciones, decidió dar traslado al PP y al Gobierno de una serie de documentos, entre ellos la carta de los seis magistrados, con la intención de que los populares se diesen por aludidos y retirasen sus impugnaciones. El PP, sin embargo, lejos de aprovechar la oportunidad, ratificó las recusaciones y dio a entender que los seis firmantes de la carta habían mentido sobre el contenido de la reunión.

Los abogados del PP presentaron este viernes un nuevo documento en el que reclaman que el pleno acumule en una sola discusión y votación sus tres recusaciones y las dos planteadas por el Ejecutivo. Exigen que la reclamación se debata antes de cualquier otro punto, lo que puede volver a frenar algunos días el proceso. No obstante, la petición parece orientada directamente al fracaso, ya que los magistrados no creen que las cinco recusaciones sean iguales, pues las del Gobierno se basan en el contenido de una carta oficial y las otras tres en nada.

Las quejas del Partido Popular porque el pleno va a discutir primero sus recusaciones, cuando las del Gobierno fueron las primeras en plantearse, tampoco parece que vayan a ser atendidas. El cambio de orden tiene un precedente cercano, la resolución de la recusación de la presidenta dentro del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña también se adelantó a la del magistrado Pablo Pérez Tremps, que se había formulado antes, porque los magistrados tenían claro que, a diferencia de la otra, la iban a rechazar de plano por fraude de ley, sin siquiera admitirla a trámite.

Una vez sean rechazadas las tres recusaciones del Partido Popular, con independencia de lo que ocurra con las dos del Gobierno, el pleno entrará a resolver el fondo del recurso de inconstitucionalidad contra la ley que regula el tribunal.