El debilitamiento de las leyes
Un periódico de Madrid publicaba hace pocos días un inquietante reportaje sobre la rebelión autonómica, la renuencia de al menos ocho comunidades autónomas a acatar las leyes estatales. Al menos dos autonomías gobernadas por el PP están poniendo obstáculos al arranque de la ley de Dependencia. Baleares, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-León y La Rioja han relajado ostensiblemente el espíritu de la ley antitabaco que entró en vigor el 1 de enero del año pasado. La puesta en marcha de la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía ha encontrado francas resistencias en la comunidad de Madrid. En Navarra no existe clínica alguna en que se practique el aborto legal. La ley de Igualdad tropieza con obstáculos en Madrid y en Valencia, comunidades que se resisten a que se les derive las llamadas del teléfono 016. Finalmente, ciertas comunidades autónomas aplican con laxitud las normas urbanísticas, como por ejemplo la ley de Costas; Greenpeace ha denunciado el escaso celo de Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana...
Actualizado:La cuestión no es dramática y ni siquiera puede ser enmarcada en el ámbito formal de la desobediencia civil, por falta de materia suficiente y de voluntariedad constatada. En todos los casos mencionados se insinúa más cierta díscola picaresca que deseo malsano de contravenir la ley, y sería irreal ver las cosas de otro modo. Aunque no se acepten las visiones conspirativas de la historia que suelen abrazar con fruición los extremismos de ambos signos, no es aventurado relacionar estos incumplimientos hasta cierto punto triviales con las actitudes rupturistas de quienes, con gran desparpajo, amenazan pura y simplemente con el incumplimiento de las reglas establecidas, de las leyes vigentes, del marco constitucional. Primero fue el llamado plan Ibarretxe: con asombrosa naturalidad, el jefe del Gobierno vasco planteó a las Cortes una propuesta ya no sólo contraria, sino absolutamente ajena a nuestro ordenamiento. Ahora, el 'lehendakari' amenaza con una segundo plan que afianzaría el «derecho a decidir» de los vascos. Y como todo se contagia menos la hermosura, el líder del nacionalismo moderado catalán, Artur Mas, acaba de revindicar, bien que en tono más comedido, ese mismo derecho a decidir para los catalanes en el acto de presentación de la Casa Común del Catalanismo. En definitiva, la relativización creciente del marco jurídico que los propios españoles nos hemos dado, que también se puso crudamente de manifiesto durante el dilatado proceso de redacción del Estatuto de Cataluña, ha tenido un efecto psicológico disolvente sobre el conjunto de la sociedad y sobre las propias instituciones: las leyes han perdido en gran parte su sacralidad, y, por consiguiente, su capacidad coactiva. No pasa nada ni moral ni política ni jurídicamente si una determinada comunidad decide por ejemplo tener manga ancha con los fumadores, a pesar de que una ley votada en Cortes establezca rigurosamente los términos de los derechos de los no fumadores. Ni siquiera cuando ciertas autonomías gestionan con indolencia determinadas atenciones sociales dispuestas por la ley de Dependencia, que legítimamente obliga a los actores del nivel autonómico.
Por añadidura, las fuerzas de oposición en cada ámbito territorial abusan cada vez más del bastardo argumento de que conviene desatender las últimas normas impuestas por la mayoría porque, puesto que habrá alternancia en la siguiente consulta, tales normas serán entonces cambiadas...