El PP, dispuesto a llevar su pleito con el Constitucional al Tribunal de Derechos Humanos

Lejos de aflojar en sus posiciones, el PP ha decidido seguir adelante, mantener sus tesis ante el Tribunal Constitucional e incluso anuncia que está dispuesto a llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. Mientras tanto, en ausencia del partido opositor que se ha retirado de las conversaciones, el PSOE convocó este miércoles, de nuevo, al resto de los grupos parlamentarios para avanzar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un objetivo imposible sin los votos del PP.

Desde hace algún tiempo y cada quince días, los socialistas y sus socios parlamentarios celebran un encuentro en el Congreso para poner de manifiesto el bloqueo al que está sometido el gobierno de los jueces y del que responsabilizan al PP. Los 'populares', por su parte, culpan a los socialistas de la ruptura del pacto por la Justicia y las críticas situaciones que padecen tanto el CGPJ como el Tribunal Constitucional.

Ante el Constitucional y con motivo de la presentación de alegaciones en el procedimiento de recusaciones de varios magistrados de este tribunal, el partido opositor dejó constancia de su «deber» de defender sus posiciones en el contencioso que mantiene contra la reforma de la ley que regula el funcionamiento de dicho órgano.

El PP dice que desea, como el que más, «una pronta y justa solución a la situación planteada» en beneficio sobre todo del propio tribunal, pero ya deja bien claro que no está dispuesto a que sea a costa de renunciar a la reclamación de sus derechos. Explica que actuará con rigor sobre todos los asuntos de procedimiento y advierte que mantendrá sus puntos de vista «con todos los medios que ofrece el Estado de Derecho, incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

En sus alegaciones, el PP anuncia que no se opondrá a que los cinco magistrados recusados participen en las deliberaciones sobre el futuro de las impugnaciones porque, por muy singular que la considere, se declara «consciente de la situación generada» ya que, si son aceptadas, el tribunal se quedaría sin quórum para resolver sobre las mismas.

Los 'populares' defienden que «o son todos los magistrados recusables o no lo es ninguno» porque «todos -incluso, como ya se va viendo, los no recusados- han formado y manifestado opinión sobre el asunto de fondo sometido a su enjuiciamiento».

El PP asegura que decidió recusar a tres de los magistrados, considerados progresistas, «por reacción» a la misma medida adoptada por el Gobierno contra otros miembros del tribunal, tildados de conservadores, ya que «no sería justo aplicar dos varas de medir». Además, se concluye que todos los magistrados no sólo tienen opinión formada al respecto sino que «además lo han manifestado en reuniones internas».

Las declaraciones de la presidenta del Constitucional, que denunció «intentos intolerables de desestabilizar» el tribunal, merecen también el reproche de los 'populares' que piden a María Emilia Casas que permanezca «silente» y fuera de este proceso salvo cuando sea emplazada para prueba.

El Gobierno, por su parte, reclamó ayer al Tribunal Constitucional que no admita siquiera a trámite la recusación de tres magistrados progresistas presentada por el PP porque sólo busca paralizar el funcionamiento de la institución. El Ejecutivo, por boca del Abogado del Estado, responde a la consulta que la corte le realizó la semana pasada con la afirmación de que el tribunal está habilitado por la ley para no admitir una impugnación que busque impedir su normal función jurisdiccional. El informe, de ocho folios, entiende que éste es el caso, porque la exclusión de los tres magistrados dejaría al pleno sólo con siete miembros, cuando no puede celebrar reunión alguna por debajo de ocho asistentes.

Rechazo

El Gobierno defiende que este rechazo está justificado porque se ha demostrado que las recusaciones 'populares' no tienen base alguna, pues se fundamentaron en la información periodística sobre el contenido de una reunión que fue desmentida «radical e indiscutidamente» por «todos y cada uno» de los seis magistrados que participaron en ella. En otras palabras, no merecen ser tomadas en consideración porque se basan en hechos «inciertos y ficticios».

El abogado del Estado también apoya la estrategia acordada por la mayoría del pleno para impedir el bloqueo del tribunal. Afirma que es correcto que se reúnan los diez magistrados para rechazar las recusaciones del PP -incluidos los tres impugnados- porque en caso contrario no alcanzarían el quórum mínimo y permitirían que cualquiera pudiese bloquear la institución, ahora o en el futuro.

El representante del Ejecutivo, en último lugar, desmiente la tesis del PP, que defiende que sus recusaciones son idénticas y están igual de justificadas que las dos presentadas por el Gobierno contra otros dos magistrados conservadores. Explica que mientras sus impugnaciones se basan en las manifestaciones contenidas en un documento escrito «indiscutido y oficial», las de los populares se justifican en recortes de prensa que han sido «rotundamente desmentidos».